La Federación, integrante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), presentó un llamado de protección colectiva como medida para frenar los recientes aumentos en las tarifas del gas que afectan a los comerciantes de la provincia. Estos aumentos, aplicados a partir de abril de 2024, derivan de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, que estableció incrementos progresivos en el valor del gas natural al momento de su ingreso al sistema de transporte.
Los nuevos valores superan significativamente el promedio del gas natural respecto a las referencias internacionales, especialmente durante los meses de invierno.
El recurso también critica la Resolución N° 122/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece los cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas del Sur.
SA y la subdistribuidora Distrigas SA La Federación sostiene que estas tablas tarifarias no cumplen con los principios de protección al usuario, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo anterior de 2016.
A la fecha, el caso se encuentra pendiente del dictamen del Ministerio Público, fundamental para que el juez federal decida sobre la procedencia formal del amparo y la medida cautelar solicitada, que busca suspender la aplicación de los nuevos aranceles vigentes desde el 1 Abril de 2024. Además, la jueza tiene en su poder procesos similares iniciados por la provincia de Santa Cruz a favor de usuarios residenciales, en los que se han establecido aumentos temporales inferiores a los establecidos por el Ministerio de Energía y el ENARGAS. .
La Federación Económica, que representa al sector Pyme de Santa Cruz, destaca que la ley que permite estos aumentos, (Ley N° 24.076), fue dictada en 1992 bajo la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino, sin actualización por inflación. Con la derogación de la convertibilidad en 2002 y las posteriores devaluaciones, los usuarios quedan desprotegidos frente a las variaciones del tipo de cambio, lo que va en contra de los principios de accesibilidad y racionalidad en la determinación de las tarifas de los servicios públicos.
Los comerciantes, productores y pequeños industriales cruceños no pueden seguir soportando incrementos excesivos en un contexto económico ya complicado, y es necesario proteger a los usuarios de distorsiones tarifarias y garantizar un servicio accesible y equitativo.
