Peticiones de hasta nueve años de prisión amenazan a seis miembros de Sortu acusados de promover “ongi etorris” a presos vascos, pese a que en estos actos “no hay delito” y además “son una cuestión del pasado”. Estos son dos de los aspectos en los que han centrado este martes el abogado Aiert Larrarte y los acusados Oihana San Vicente y Haimar Altuna, en una comparecencia en la sede de Sortu en Donostia.
La secuencia de los hechos lo dice todo: asociaciones de víctimas denunciaban que las recepciones se “archivaban automáticamente” y entonces irrumpió la Guardia Civil con un informe que establecía “una causa general” enmarcándolas en “una situación política, violenta y criminal”. ”. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha finalizado la investigación, intentando incluso estirarla más allá de lo posible, lo que autoridades superiores lo impidieron.
Así llegamos a ese momento, en el que la Fiscalía solicita 5 años y 7 meses de prisión para cada imputado (además de los mencionados, Antton López Ruiz, Kai Saez de Egilaz, “Pipe” San Epifanio y Oihane Garmendia), y las acusaciones de Dignidad y Justicia, AVT y PP lo elevan a 9 años. El balance político de San Vicente y Altuna advierte de mayores objetivos en la operación: “Pretenden dañar el camino recorrido en los últimos diez años mediante la criminalización y la represión, tensando el ambiente y dificultando las relaciones políticas”.
Ni crimen ni presente
Los tres ponentes han subrayado el punto principal de que “aquí no hay delincuencia”. Larrarte ha profundizado en ello: «Se ha actuado dentro de los límites establecidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de varias sentencias. Es más, la jurisprudencia orienta a los tribunales a eliminarlo. Y no hay delito porque para que exista tiene que haber expresiones de violencia, y no las hay, ni directa ni indirecta”, recordó. A los acusados se les imputan dos tipos: “organización criminal” y “humillación y enaltecimiento”.
Larrarte: “Para que exista un delito tiene que haber expresiones de violencia, y aquí no las hay, ni directa ni indirecta”
A esto se suma un recordatorio que han desarrollado San Vicente y Altuna: «Hace años que no se realizan actos públicos de acogida a presos. Entre otras cosas, porque la izquierda abertzale ha escuchado la voz de las víctimas que mantienen una actitud constructiva y porque, ante ello, los propios presos decidieron.
Aquí han detallado su compromiso: “La convivencia no es un elemento de lucha y disputa, sino algo que se construye entre todos”. Y han llamado a la esperanza, pese a este tipo de ataques: «Nuestro pueblo seguirá recorriendo el camino de la paz, la convivencia y la libertad. No nos sacarán de allí. Deseamos un futuro sin prisioneros, refugiados ni deportados, un futuro sin sufrimiento. Y lo lograremos.
El marco correcto
Para los socios de Sortu, este nuevo episodio de guerra legal Tiene “relación directa con la ofensiva que están llevando a cabo el bloque reaccionario y el Estado profundo”. Ven en ello un objetivo de dañar las relaciones políticas y, en definitiva, también “desgastar al actual Gobierno español”.
Han añadido una advertencia a los internautas: “Internalizar el entramado de la derecha reaccionaria tiene riesgos, con consecuencias como ésta: peticiones de cárcel donde no hay delito con todos los costes que eso tiene”. Larrarte ha sacado a relucir algunos antecedentes de “conversión en delito de expresiones políticas disidentes: aquí tuiteros, cantantes o titiriteros han sido investigados, detenidos, juzgados y en algunos casos sentenciados”. Llevar un tema político a los tribunales es algo que va en contra de la libertad de expresión de todos”, concluyó.
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