Este punto causó preocupación a los gobernadores, de cara a los nuevos aumentos tarifarios que aplicará el Gobierno a partir de junio. Si bien los subsidios de zona fría no surgen de un aporte del Tesoro, sino que se financian con un recargo en las facturas de todo el país, la intención de la administración de Javier Milei fue eliminar el beneficio. Según pudo reconstruir Infobae, hubo fuertes presiones de los legisladores para apoyar a Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca y unas 50 localidades de Buenos Aires dentro del esquema.
El proyecto de ley del oficialismo que había logrado media sanción en la Cámara de Diputados autorizaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, disolver o liquidar los fideicomisos. La norma contemplaba la exclusión del Fondo Fiduciario de Subsidios al Consumo Residencial de Gas creado por la Ley 25.567, aunque no mencionaba la última modificación.
En San Juan hay un total de 121,280 personas. 57.093 tienen el 50% del beneficio, mientras que 64.187 tienen el 30%. En San Juan hay un total de 121,280 personas. 57.093 tienen el 50% del beneficio, mientras que 64.187 tienen el 30%.
El dictamen que salió del Senado incluyó la modificación de la Ley 27.637 impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner que extendió el beneficio a más zonas del país de las previstas originalmente. Este detalle había generado preocupación entre los legisladores del interior, quienes buscaban garantizar el mantenimiento de estos subsidios.
El régimen previsto por la Ley 25.565 de Zonas Frías disponía originalmente que desde 2002 unos 800.000 usuarios de la Patagonia, Puna y Malargüe (Mendoza) tendrán un descuento en sus tarifas del 50% sobre lo que paguen en el precio del gas. Hace dos años el beneficio se amplió a otras zonas del país con climas fríos o templado-frío y llegó a 4,3 millones de hogares, de un total de 9 millones en el país. Se sumaron localidades de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán y Catamarca, además de medio centenar de municipios de la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, este subsidio no se financia con aportes del Tesoro Nacional sino que surge de un recargo del 5,44% al precio del gas (PIST), uno de los cuatro rubros que componen la factura, además del transporte, la distribución y los impuestos. pagado por todos los usuarios (residenciales, comerciales e industriales) del país. Los aportes se destinan al Fondo Fiduciario de Subsidios al Consumo de Gas Residencial.
El Gobierno transfiere a las distribuidoras la diferencia entre lo que pagan los hogares beneficiarios y el “costo real” de la factura a las distribuidoras con fondos de ese fideicomiso. El año pasado, este fondo tuvo ingresos por $116.877 millones y gastos por $77.663 millones, es decir, un resultado positivo de $39.213 millones. Este era uno de los fideicomisos que el Gobierno tenía en la mira para su eliminación.
De hecho, a mediados de mayo distribuidoras y subdistribuidoras de gas de todo el país habían apuntado contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por pisar las devoluciones de tarifas de “zona fría”. La deuda, que luego fue cancelada, ascendía a unos 4.300 millones de dólares.
El 4 de marzo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 215/2024 mediante el cual Milei estableció que el Ministerio de Economía es el nuevo “fideicomitente en representación del Estado Nacional, en todos los fideicomisos integrados total o parcialmente con activos y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en esa calidad la dirección y conducción de dichos fideicomisos.”
Este es el caso del Fondo Fiduciario de Subsidios al Consumo de Gas Residencial, que cubre reembolsos a distribuidoras en zonas frías. Como todos los fideicomisos del Estado, el Gobierno anticipó que se realizarían auditorías, pero aún no hubo novedades mientras los pagos están suspendidos desde principios de este año.
Fuente: Infobae
