Informó que su despacho ha presentado 20 denuncias constitucionales contra distintos altos funcionarios del Estado o personas autorizadas durante los últimos seis meses.
El titular del Ministerio Público indicó que el La gran mayoría de estas denuncias corresponden a congresistas, ministros de Estado e incluso jueces.
Entre el Los presuntos delitos son tráfico de influencias, uso indebido del cargo, soborno, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y colusión.
Este último corresponde a cinco denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscalía contra igual número de congresistas, acusados de presuntos recortes salariales en perjuicio de su personal.
“Tenemos otras investigaciones por delante y seguimos avanzando. Una vez finalizadas las investigaciones, tendremos que hacer anuncios; si corresponde presentar una denuncia constitucional, lo haremos. Y si corresponde archivar (una investigación), también lo haremos objetivamente”, dijo Villena en declaraciones al programa de televisión de periodismo de investigación Punto Final la noche del domingo.
Denuncia contra el presidente
Al respecto, afirmó que, en la resolución judicial mediante la cual se ordenó el allanamiento a la residencia presidencial, el juez supremo establece que cualquier Jefe de Estado en ejercicio puede ser investigado preliminarmente.
El fiscal general añadió que el artículo correspondiente de la Constitución limitaba bastante el poder del Parlamento para acusar a un alto funcionario.
“¿Qué quiere decir esto? Que quien está limitado por el artículo 117 es el Congreso de la República, porque el Congreso de la República es quien emite una resolución acusatoria. Lo que hemos hecho nosotros en el Ministerio Público es presentar una denuncia constitucional”, indicó.
El magistrado precisó que el Parlamento no puede acusar al presidente. En este momento sólo puede admitir a trámite la denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y reservarla hasta el final de su mandato.
“Una vez finalizado su mandato recién comenzará el trámite (de la denuncia constitucional). Tenemos que cumplir con nuestro deber de investigar, porque estamos autorizados a investigar y luego sacar conclusiones”. Dijo Villena.
En el Perú, el Ministerio Público/Procuraduría General de la República es independiente del Poder Ejecutivo.
