El 22 de abril y por instrucción del alcalde, el Municipio de Río Gallegos presentó un recurso de amparo para frenar el aumento de la tarifa del gas. Entendiendo, como afirmó el secretario de Legal y Técnico, Gonzalo Chute, que “si se maneja sin pensar los temas desde una perspectiva humana, se toman medidas tremendas para la sociedad en un contexto económico de recesión”. En ese momento, el funcionario afirmó que “tenemos un Gobierno Nacional que ha ordenado un aumento en la tarifa del gas que, en Santa Cruz, oscila entre el 360% y el 1000%: un tema grave que se sale del mandato constitucional y legal. Además, cuando hablamos del 1000%, solo hablamos de esta etapa, porque la misma resolución del ENARGAS autoriza un esquema de aumentos automáticos y progresivos”.
Ante la presentación de la medida judicial, finalmente y en las últimas horas, la Justicia declaró procedente el recurso de amparo para frenar el aumento del gas. En esta ocasión, Chute habló con HoraSur sobre el avance de la presentación, explicando: “Esto no significa que ganamos sino que tanto el fiscal como el juez entendieron que tenemos legitimidad para actuar y que la acción debe proceder”. Y profundizó: “No quiere decir que tengamos razón en el fondo del asunto, sino que es el primer paso del análisis de admisibilidad y que el proceso es bueno. Que es urgente y que tenemos la facultad de representar a los usuarios de Río Gallegos y, por tanto, “tiene el carácter de un proceso colectivo”.
Ya durante la mañana de este viernes, el Ejecutivo Municipal notificó tanto al ENARGAS como a la empresa Camuzzi Gas del Sur, quienes tendrán 15 días para responder, a partir de haber sido notificados. “El beneficio, si resulta favorable, será para todos los vecinos de la comunidad”, comentó Chute, afirmando que “las expectativas son buenas. Creemos que tenemos un buen argumento, que es que la razonabilidad de los aumentos y la equilibrio entre las ganancias y los ingresos de quienes utilizan los servicios. Entendiendo que fijar tarifas que serán excluyentes y arbitrarias perjudica a los usuarios, y va en contra de lo que establece la Ley del Consumidor. Pero, también, la actualización automática sin audiencia pública previa, que para nosotros es un punto importante. La audiencia pública es un requisito constitucional”.
