El Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín decidió este jueves condenar al influencer Yao Cabrera a cuatro años de prisión por el delito de reducción a servidumbre, según sentencia consultada. En el caso solo hubo una víctima, quien se constituyó como querellante, representada por un abogado, con un expediente que se inició en 2020. Cabrera permanecerá en libertad, según lo determinó la jueza Nada Flores Vega, hasta que la sentencia en su contra quede firme. con sucesivas confirmaciones.
Por otro lado, el juez ordenó que la influencer pague a la víctima una indemnización de 6 millones de pesos.
El caso podría tener peores repercusiones para la ex estrella de YouTube: el juez ordenó remitir testimonios a la UIF, Procelac, Afip y Anses para determinar la existencia de otros posibles delitos financieros y tributarios.
Según documentos del caso, “entre diciembre de 2019 y enero de 2020 contrató a GBDM como editora de video. Para ello, le prometió un salario y proporcionarle alojamiento y comida. Sin embargo, durante este período, mientras convivían con otras personas en el inmueble del lote 125 del barrio San Marcos (Escobar), Cabrera Rodríguez la sometió a condiciones laborales precarias”.
“En concreto, jornadas laborales largas (más de doce horas y en ocasiones un día entero sin descanso); hubo amenaza de imposición de descuentos (multas) -realizada en una ocasión- o expulsión si no se cumplían las condiciones (grabar videos con determinadas personas, replicar material en redes sociales y normas de convivencia); Los alimentos se entregaron en malas condiciones y en cantidades insuficientes; Sólo podía ausentarse de casa los domingos mientras hubiera terminado su trabajo; y el dinero prometido nunca fue pagado. De este modo. Cabrera Rodríguez habría colocado al GBDM en situación de servidumbre, aprovechando su vulnerabilidad preexistente”, continúa el texto.
A mediados de 2023, profesionales del Programa Nacional de Rescate y Atención a Personas Perjudicadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, fueron encargados de brindar apoyo y asistencia a la víctima. Cabrera había sido procesado sin prisión preventiva un año antes, con un embargo de tres millones de pesos y prohibición estricta de contactar a la víctima o acercarse a ella.
