El pago por las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan en barcos al puerto bonaerense de Escobar a un alto costo, presiona más las alzas de tarifas residenciales.
Lo cierto es que los recientes incrementos en las facturas de los usuarios sólo validaron los precios mayoristas que surgen de los contratos de las petroleras con la producción y distribuidoras nacionales, formalizados con el Plan Gas.
Pero el Gobierno, en la Resolución 41/2024 del Ministerio de Energía emitida a finales de marzo, no transmitió a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que es mayor que la producción local (más de 10 dólares por millón de BTU respecto a los EE.UU.). $ 4,43 en invierno, el periodo de mayo a septiembre).
Así, si el Ministerio de Economía no se encarga de pagar la diferencia con los subsidios, los contratos económicos del sector estarían en riesgo.
Aunque el suministro “físico” no corre peligro (es decir, habrá gas suficiente para todos), la pregunta es quién afrontará este gasto adicional.
30 envíos de gas
Este año serán 30 cargamentos de gas importado que llegarán entre abril y agosto, comprados por la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
A inicios de abril, Enarsa compró las primeras 10 cargas por $210 millones, a un costo promedio de $9.99 por millón de BTU; y este martes realizó la segunda licitación, que adjudicará en las próximas horas, con un costo que sería ligeramente superior.
Pero a diferencia de años anteriores, cuando Enarsa se hizo cargo de casi la totalidad de ese costo, esta vez el Gobierno decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para distribuidoras a un precio de US$ 12,90. , que incluye la importación y el proceso de regasificación: convertir el gas a un estado líquido a 161 grados bajo cero para calentarlo a su estado natural de 15 grados e inyectarlo en gasoductos de alta presión.
Las nuevas autoridades de Enarsa lo intentaron dos veces y el resultado fue el mismo: ambas licitaciones fueron desiertas.
Ninguna distribuidora se adelantó a comprar el gas, porque no tienen la seguridad de que el Gobierno autorice el traslado de ese costo a sus usuarios finales (paso), que son hogares, comercios y pequeñas industrias.
