Houston. El influyente fiscal general de Texas, Ken Paxton, una espina en el costado del presidente Joe Biden, corre el riesgo de ser acusado de corrupción por el Parlamento estatal, que someterá su caso a una primera votación este sábado.
Una comisión investigadora del Congreso, integrada incluso por sus correligionarios republicanos, admitió por unanimidad el pasado jueves veinte cargos contra el fiscal general -la fiscal general de Texas- por corrupción, malversación de fondos públicos, declaraciones falsas y hasta obstrucción a la justicia.
El cargo contra Paxton, cuyo escaño es electivo, se relaciona con la presión ejercida sobre su personal para que apoye a un amigo y donante de campaña con sus problemas legales. A cambio, esa persona le dio trabajo a una amante del funcionario republicano y financió trabajos en su casa, detalla la acusación.
El texto será presentado el sábado a la Cámara de Representantes de Texas. Si se aprueba por mayoría simple, Paxton será enviado a juicio en el Senado estatal. Entonces será necesario que dos tercios de los senadores -incluida su esposa- estén de acuerdo para destituirlo.
Este ultraconservador de 60 años, cercano al expresidente Donald Trump, tiene entre sus críticos a algunos miembros de su partido, y el resultado de estos votos es incierto. Elegido en 2014 para dirigir el sistema judicial de Texas, ha sido objeto de una acusación de fraude financiero, que sigue pendiente. Esto no impidió que fuera reelegido en 2018 y luego en 2022.
---Desde su cargo presentó medio centenar de denuncias contra la gestión de Joe Biden, cuestionando, entre otras cosas, su política migratoria, fiscal o ambiental, recordó este viernes a la prensa.
Paxton denunció un procedimiento “ilegal”, “vergonzoso” e “injusto” y llamó a sus seguidores a manifestarse frente al Capitolio de Texas en Austin el sábado en el momento de la votación. “La Cámara está lista para hacer algo que Joe Biden ha estado esperando desde que asumió el cargo: sabotear mi trabajo”, agregó.
En 2020, miembros de su equipo dieron la voz de alarma sobre un presunto abuso de poder. Tras ser separados de sus cargos, se quejaron de que los habían despedido sin motivo.
A principios de 2023, Paxton llegó a un acuerdo para poner fin a sus demandas a cambio de 3,3 millones de dólares, cuenta que pidió que asumiera el estado de Texas. Este asunto justificó la apertura de una investigación parlamentaria.
