Esta columna fue escrita por el columnista invitado Mauricio Salazar-Sáenz.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendió temporalmente el acceso de Colombia a la línea de crédito flexible (LCF) debido al deterioro fiscal del país, visible en el aumento del déficit, el gobierno sin pagar al Gobierno por la falta de recursos, la caída en la recaudación de impuestos y el crecimiento sostenido de la deuda pública y el pago de intereses.
LCF es un instrumento diseñado para países con fundaciones macroeconómicas sólidas y una importante estabilidad económica. En esencia, funciona como un préstamo previamente aprobado que permite a los gobiernos acceder rápidamente al financiamiento en condiciones favorables. Su principal ventaja son las bajas tasas de interés para las operaciones a corto plazo, porque, cuando el financiamiento excede tres años, las tarifas aumentan y eso reduce considerablemente su atractivo.
Desde su aprobación en 2009, Colombia solo activó este crédito una vez durante la pandemia para enfrentar la emergencia, en condiciones financieras más favorables y con uso temporal y estratégico. Aunque el país no depende directamente de esta línea, recuperar su acceso es clave para garantizar la estabilidad económica y social. Además, es importante mantenerla como una opción disponible si es necesario, especialmente en un contexto global incierto como el actual.
El FMI está preocupado por la sostenibilidad fiscal del país.
El FMI destaca el deterioro de varios indicadores fiscales críticos. Primero, el retraso del presupuesto alcanzó niveles sin precedentes. Esta situación obedece, en parte, a la fuerte caída de los ingresos fiscales en 2024, que fueron $ 18.1 mil millones más bajos que los recaudados en 2023. La escasez de recursos condujo al hecho de que, al final del año, los retrasos superaron los $ 50 mil millones, lo que generó una presión significativa sobre la ejecución fiscal del año siguiente.
Gráfico 1. Retraso presupuestario
Fuente: elaboración propia basada en datos de la nación SRIF.
Paralelamente, el déficit fiscal también se amplió considerablemente. Durante 2024, ascendió a -6.7% del PIB, un deterioro de 2.5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Este nivel de déficit solo se había visto durante la pandemia. Pero el creciente desequilibrio entre los ingresos y los gastos aumentó la necesidad de endeudamiento y cuestionó el cumplimiento de la regla fiscal.
Graphic 2. Balance total Del GNC
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.
A su vez, la deuda pública interna y externa aumentó significativamente. En 2024, este indicador alcanzó el 59.3% del PIB, un aumento considerable en comparación con 2023, donde cerró al 53.4% del PIB. La tendencia proyectada para 2025 anticipa que la deuda continuará creciendo, incluso superando las proyecciones oficiales anteriores. Esta trayectoria refuerza la preocupación por la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Gráfico 3. Deuda neta del CNC
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.
Con el tamaño de la deuda, el país enfrenta otro desafío relacionado: el creciente pago de intereses. Este componente del servicio de la deuda ha ganado relevancia dentro del gasto público. Desde 2022, el pago de intereses ha representado en promedio el 60% del total asignado al servicio de la deuda y permanece cerca del 4% del PIB.
Este fenómeno tiene profundas implicaciones para la política fiscal porque cada peso destinado al interés es un peso que no puede invertirse en infraestructura, salud o educación. A medida que aumenta el endeudamiento y las tasas globales siguen siendo altas, el pago de intereses continuará presionando el presupuesto público, limitando el margen del gobierno.
Gráfico 4. Pago de intereses del GNC
*Figuras proyectadas. Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.
La combinación de estos factores atrae un panorama complejo para las finanzas públicas en Colombia, por lo que mantener el acceso a LCF es una necesidad estratégica. En un entorno global incierto, con tensiones comerciales y riesgos de recesión, tener esta herramienta mitigaría los riesgos macroeconómicos y garantizaría una fuente de financiamiento accesible y oportuna.
El gobierno necesita un plan sólido
Ante las próximas negociaciones con el FMI, el gobierno debe presentar un plan de ajuste fiscal creíble que aborde estructuralmente estos desafíos. Solo con una estrategia sólida puede recuperar la confianza de los mercados y las organizaciones multilaterales, asegurando no solo la reapertura del LCF, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Aunque el presupuesto general de la nación (PGN) para 2025 y en los próximos años no dependen directamente de los recursos de la LCF, tener este apoyo se convierte en especial importancia en escenarios de alta incertidumbre global.
La intensificación de los conflictos internacionales, con su consiguiente efecto sobre la demanda y la liquidez global, podría desencadenar una severa crisis económica. En tales circunstancias, tener una fuente inmediata de financiamiento, con tasas preferenciales, permitiría al país mitigar los impactos adversos en las principales variables macroeconómicas.
Además, ayudaría a proteger los sectores más vulnerables de la sociedad, que históricamente son los más afectados en períodos de ajuste y recesión. Por estas razones, la restauración del acceso a LCF no solo debe entenderse como un objetivo financiero, sino también como una herramienta clave para la estabilidad social y económica.
Mauricio Salazar-Sáenz
Director del Observatorio Fiscal de la Universidad de Javeriana.
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