En medio del escándalo de corrupción que sacude a las altas esferas del Congreso Colombiano, el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, encendió las alarmas con una declaración contundente en su cuenta X.
Después de que la Corte Suprema de Justicia emitió una Orden de Captura contra los ex presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, Santos cuestionó el curso de la justicia y exigió respuestas sobre otra cifra que ha estado involucrada en varias controversias dentro del gobierno petro de Gustavo.
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“¿Y cuándo van a capturar lo mejor de todo, Armando Benedetti? ¿Quién está deteniendo esta investigación? La Corte Suprema tiene la palabra y el futuro de Colombia depende de ellos“, Escribió el ex funcionario, dirigiendo directamente a la Corte Suprema de Justicia.
La frase, compartió miles de veces, revivió las críticas ciudadanas por la supuesta impunidad de algunas figuras políticas y le puso sobre la mesa la pregunta sobre el progreso, o el estancamiento, de las investigaciones pendientes contra el exembojador y ahora ministro del interior.

Según la Corte Suprema, tanto el nombre de Iván como Andrés Calle habrían recibido sobornos que juntos totalizan 4,000 millones de pesos. Los recursos provienen de contratos para la compra de 40 tanques para llevar agua a La Guajira, una de las regiones más vulnerables del país. Los crímenes imputados son sobornos inadecuados y peculados para la apropiación a favor de terceros.
En el extenso documento de 183 páginas que respalda la medida de garantía, los magistrados presentaron sus razones. Por el nombre de Iván, el tribunal fue claro: “que incluso fue elegido recientemente presidente del Congreso, con el apoyo de todas las partes, y todos estos hechos objetivos permiten reafirmar el riesgo de reiteración de conducta y, en general, el riesgo de peligro para la comunidad que representa”.
-En el caso de la calle Aguas, el análisis fue igualmente severo: “desde su posición de poder en la presidencia de la Cámara de Representantes, podría tener responsabilidad en actos de devaluación ética social, apropiando el dinero que debía ayudar a la población vulnerable”.
Y agregó: “En vista de sus comportamientos, el sistema democrático estatal podría afectar negativamente, Llevan a deducir que la libertad probablemente podría incurrir en las mismas infracciones punibles que están respaldadas. Bajo tal comprensión, el diagnóstico de necesidad de la medida de la garantía preventiva.“.

La referencia de Santos a Armando Benedetti no es accidental. Aunque una orden de arresto no pesa sobre él para este caso específico, su nombre se ha mencionado repetidamente en investigaciones y escándalos recientes que involucran al presunto financiamiento irregular de campañas, abuso de poder y corrupción administrativa durante su tiempo en el Congreso y en su papel de embajador en Venezuela.
Para algunos sectores, la omisión de acciones judiciales contra Benedetti representa una doble vara de justicia. Presión de la opinión pública y las voces políticas como Francisco Santos buscan justicia para no detener el progreso de las investigaciones que podrían comprometer al ex senador.
Por ahora, las recientes órdenes de captura se fortalecen con los testimonios del ex consejero de las regiones, Sandra Ortiz, quien entregó a la Corte Suprema detalles cruciales sobre cómo se crearon transacciones ilegales en el Congreso para favorecer al ejecutivo en el proceso de iniciativas legislativas.
Ortiz habría revelado no solo los nombres, sino también la mecánica interna para la entrega y la recepción de recursos ilegales.

Si se confirma su responsabilidad, Tanto el nombre como la calle podrían enfrentar no solo sanciones judiciales, sino también consecuencias políticas graves, como la pérdida de investidura y, en consecuencia, la aplicación de la figura de la “silla vacía”Una sanción que ya ha caído a otros congresistas involucrados en casos similares, como el ex Centro Democrático Ciro Ramírez, vinculado al escándalo “Las Pabuetas 2.0”.