Más del 15% de la población vive como inquilino en España. El aumento de los precios, la dificultad para sumar una cantidad suficiente para pagar la entrada de un apartamento, así como el difícil proceso para obtener financiación a través de un préstamo bancario, hacen que esta alternativa sea cada vez más común entre los ciudadanos.
Ahora, el mercado de alquiler también se encuentra en una situación compleja. El notable aumento de los precios, mayor que el aumento de los ingresos laborales, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad económica de los hogares que alquilan. Estos últimos, con ingresos generalmente inferiores a la media, destinan un alto porcentaje de sus ingresos a pagos relacionados con la vivienda, en muchos casos supera el 40%. Además, la demanda es mucho mayor que la oferta, lo que hace que la competitividad de este mercado sea muy alta.
Así, quienes están alquilando, vislumbran un escenario cuanto menos opaco. Por un lado, la oferta es baja y el precio alto. Pero no sólo eso, también está el miedo de quien quiere quedarse en su piso actual, pero no sabe si su arrendador le va a subir el alquiler.
En este contexto, con el mercado inmobiliario en constante cambio y las políticas gubernamentales adaptándose a las necesidades económicas actuales, es crucial entender los nuevos límites establecidos para los alquileres y su implementación. A partir de 2024 los contratos de alquiler de viviendas dejarán de ser actualizados por el IPC, según el nuevo Ley de Vivienda. En 2025, estos contratos se ajustarán según un nuevo índice de actualización, calificado en el BOE como “más estable que el IPC y también inferior”.
En 2024, pueden ocurrir dos escenarios. Por un lado, si se establece un acuerdo con el inquilino, se puede incrementar el alquiler según el porcentaje que ambas partes consideren oportuno. Si no se llega a un consenso, el incremento del alquiler no podrá exceder del 3%.
Por ejemplo, si se firma un contrato de alquiler en junio de 2023 por una renta mensual de 1.000 euros, Al finalizar el primer año en mayo de 2024, el propietario podrá aplicar el porcentaje del IPC del mes anterior para actualizar el precio. En este caso, con un IPC del 3,6% en mayo, el alquiler se incrementaría en 36 euros, lo que supondría una nueva cuota mensual de 1.036 euros.
Si no se llega a un acuerdo, el incremento máximo permitido para el mismo ejemplo de 1.000 euros mensuales sería del 3%, lo que supone un incremento de 30 euros mensuales. Así, el precio actualizado sería de 1.030 euros.
Hasta el 31 de diciembre de 2024, todos los contratos de alquiler que se renueven estarán sujetos a un límite de incremento de precio del 3%, impuesto por el Gobierno. Para los contratos que se actualicen según el IGC, se aplicará la variación anual del índice en la fecha de cada revisión, tomando como referencia el mes correspondiente al último índice publicado en la fecha de actualización del contrato.
A partir del 1 de enero de 2025 entrará en vigor un nuevo índice de actualización de precios de alquiler cuyo objetivo será actualizar todos los alquileres. Se espera que este nuevo índice sea más estable y muestre un crecimiento menor que el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La Ley de Vivienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye en su disposición final primera la introducción de una nueva disposición adicional en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta disposición asigna al Instituto Nacional de Estadística (INE) la tarea de definir, antes de finales de 2024, un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda, con el fin de evitar aumentos desproporcionados de las actualizaciones. alquileres anuales.
Si bien el funcionamiento del nuevo índice aún es incierto, se espera que sea similar a la actualización de los ingresos con el IPC actual.
