En septiembre del año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sacudió al mundo empresarial cuando decidió acoger una solicitud de la Corporación Nacional del Consumidor (Conadecus) para abrir un expediente de recomendación que sugiera a las autoridades evaluar la regulación. a los grandes conglomerados empresariales de Chile.
Es un caso que apunta al corazón del modelo y representa un primer paso que podría acabar abriendo la puerta a dividir a grandes grupos económicos.
La semana pasada venció el plazo dado por el TDLC para que terceros aportaran opiniones y antecedentes. Por parte de las instituciones económicas respondieron el Banco Central, el Tesoro, la Fiscalía Nacional Económica, el SII, el Ministerio de Economía y la CMF.
Desde el sector privado intervinieron la Sofofa, el CPC, el Instituto Libertad y Fomento, la Asociación Bancaria y varios grandes conglomerados.
Se da por sentado que el caso terminará en la Corte Suprema y particularmente en la Sala Tercera, donde el juez Sergio Muñoz ejerce su influencia y su visión “activista” de la ley. Y esa es la gran preocupación de los grandes grupos.
Para hablar de este tema y sus diferentes vertientes, esta semana el invitado a La Mesa de El contador Se trata de Mario Bravo, el abogado que llevó el caso ante el TDLC y quien considera que el temor de los empresarios es “totalmente infundado, ya que la Corte Suprema tiene todas las facultades para proponer legislación que promueva la libre competencia”.
