Son horas de definición de un tema crucial en Argentina: se define si va a haber o no una reforma sustancial de las leyes laborales y sindicales que nos han dejado un país con salarios miserables, la mitad del trabajo es negro y la mitad de la población que trabaja duro en jornadas de 12 horas y pluriempleo para sustentar a la otra mitad que calienta sillas, cumple horarios o directamente duerme la siesta.
Más: se define si el precio de la mano de obra en blanco va a ser precio de mercado o si va a seguir siendo una tarifa fijada por los monopolios sindicales con los que los salarios han alcanzado sus mínimos históricos.}
La reforma laboral no estará en la ley básica. Irá por separado. El proyecto fue elaborado por la UCR, que lo presentará hoy al gobierno. Y se estima que luego el gobierno lo presentará a los moderados de la CGT. La idea es que la CGT no vuelva a obstaculizar todo en la justicia laboral, como ya lo hizo con la reforma laboral contenida en el DNU inicial de Milei.
Según los informes, el gobierno ya no tocará las bases del poder empresarial y financiero de los sindicatos. Las cuotas sindicales obligatorias que se deducen automáticamente del salario de cada empleado continuarán a menos que el empleado renuncie expresamente a ello. Por defecto, por ejemplo, el millón y medio de empleados comerciales seguirán aportando el 2,5% de su salario al sindicato, casi lo mismo que aportan para cuidar su salud. Sólo tomando en cuenta el costo básico de auxiliar administrativo de la categoría más baja, aplicado a todos los afiliados, estamos hablando de más de 11 mil millones de pesos mensuales. Por eso muchos sindicalistas tienen más dinero para política que Cristina, Macri y Milei juntos. Por esa y otras razones ésta no será una reforma sindical.
En cuanto a la reforma del mercado laboral, todo indica que será poco entusiasta. Los sindicatos podrán seguir sentados sobre los viejos acuerdos laborales, incluso si llevan décadas expirados: si no dan el visto bueno para cambiarlos, seguirán gobernando para siempre. Todo empleado que trabaja en un torno está obligado a trabajar igual y ganar la misma cantidad sin importar la zona del país, la empresa que lo emplee, los cambios en la tecnología o la década en la que se encuentre. Esto puede parecer exagerado, porque es tan irreal que es imposible cumplirlo. Pero es lo que dictan las leyes, es el absurdo formal que el sistema aspira a imponer y es inviable que exista la inversión masiva, productiva y contundente que se necesita en la Argentina.
Ni siquiera existirían los límites que impone el DNU para bloqueos salvajes a empresas o para presionar a los trabajadores a ir a huelga.
Lo que quedaría serían los aspectos menores que contenía el DNU: dejar de destruir empresas con multas por falta de registro, permitir que el sindicato que quiera acordar un sistema de compensación como el de la Uocra en la construcción y exigir que durante un paro haya mínimos. servicios en los sectores de transporte, seguridad, salud y educación.
El gobierno admite esta ligera reforma para no tener otro fracaso en el Congreso, para que no todo obstaculice a la Justicia y dividir a la todopoderosa CGT. Y espera avanzar después de 2025, si aumenta su número de legisladores en las elecciones de ese año. Mientras tanto, el salario, precio fundamental de la Argentina, seguirá fijándose de manera monopólica en una economía que no crece y que el gobierno quiere liberalizar para que crezca. Una contradicción. Lo peor: en nombre de defender los salarios, seguiremos manteniendo el sistema que nos llevó al imperio de la precarización laboral y al salario más miserable de la historia.
