Me encuentro hoy reflexionando sobre las acciones recientes del presidente Javier Milei. Esta mañana, el presidente hizo dos movimientos notables en el mundo de la comunicación: un tuit acusando al periodismo de corrupción y un decreto que libera el mercado de telefonía, Internet y cable.
El tuit del presidente es una generalización injusta que no merece muchos comentarios. Si bien la corrupción es un problema grave que debe abordarse en todas sus formas, acusar a todo el periodismo de corrupto sin proporcionar ninguna evidencia o detalles específicos es irresponsable e inútil. Este tipo de declaraciones generales no contribuyen a resolver problemas reales, sino que parecen estrategias para desprestigiar a los medios y generar distracción.
Sin embargo, lo que realmente me parece relevante y digno de discusión es el decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial. Con su firma, Milei liberó un mercado históricamente regulado: teléfono, Internet y cable. Este movimiento afectará directamente a algunos grandes grupos mediáticos del país, como Clarín.
La liberalización modifica la Ley Digital Argentina número 2.778, permitiendo así una liberalización de precios en este sector. A diferencia de las políticas del gobierno anterior que establecían precios máximos e intervenían como si fueran servicios públicos regulados.
A primera vista, esta medida puede parecer positiva ya que permite el ingreso de nuevos actores al mercado argentino y fomenta la competencia. Sin embargo, también debemos considerar las posibles consecuencias negativas. Por ejemplo, recientemente vimos un aumento exorbitante en las tarifas de los servicios de salud prepagos después de su desregulación. La apertura repentina de mercados altamente regulados puede tener efectos imprevistos en el corto plazo.
Como periodista y ciudadano, estoy a favor de la competencia y de la libertad de elegir entre diferentes proveedores y servicios. Pero también creo que es esencial garantizar que estas medidas no perjudiquen a los consumidores ni produzcan una concentración aún mayor del poder económico.
Por lo tanto, estaremos atentos a ver cómo se desarrolla esta situación y cómo afectará a los argentinos en su vida diaria. Sólo el tiempo dirá si este decreto será beneficioso para la economía del país.
