Este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo del exministro socialista. Magdalena Álvarez contra las sentencias que la condenaron a nueve años por prevaricación continuada en el caso ERE, el fraude de las ayudas sociolaborales que … causó un agujero 680 millones de euros.
Con el voto particular de cuatro magistrados, La mayoría progresista ha apoyado la presentación del vicepresidente del TC, Inmaculada Montalbán, y exime de responsabilidad penal al Ejecutivo regional al considerar que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos pueden ser considerados decisiones administrativas, sino funciones de un Gobierno autonómico. A juicio de los magistrados, el fundamento de la condena de Álvarez (quien como ministro de Hacienda elaboró los proyectos de ley de presupuestos que luego fueron aprobados en el Consejo de Gobierno) se basa en un entendimiento de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Andalucía que “no es compatible con la noción de democracia parlamentaria” ni con el propio concepto de Estado de derecho.
En este sentido, los magistrados entienden que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo se basan en que las iniciativas legislativas -llamadas prelegislativas en ambas resoluciones- que dieron lugar a las leyes de presupuestos para los años 2002 a 2004 incurrió en una “ilegalidad incontestable” al establecer una Sistema presupuestario “inapropiado” (financiamiento de transferencias). Según estos tribunales, dicho sistema tenía por objeto eludir los controles previstos por la legislación presupuestaria en materia de concesión de subvenciones.
A juicio del TC, esta consideración, que constituyó el fundamento de la condena, y el propio hecho de comenzar a analizar la “legalidad” de los anteproyectos y proyectos de ley, implica influir en un área fuera del control judicial y excede, dice el ponente, de la función que a jueces y tribunales les asigna la Constitución. Al calificar el sistema presupuestario de “manifiestamente” ilegal, el Tribunal y el Tribunal Supremo se atribuyeron prerrogativas que no tienen.
Da la casualidad de que hace apenas unos días, justo antes de las elecciones europeas y antes de conocerse el fallo del TC, el presidente del Gobierno aludió al exconsejero como víctima del barro “de la extrema derecha”el mismo por el que, según Sánchez, está acusada su esposa.
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