Entre el 27 de mayo y el 8 de junio de 2020, mientras los colombianos permanecían encerrados en sus casas debido a la pandemia de Covid-19, un educador de una institución de Barichara, Santander, según la Fiscalía, no solo impartía sus clases de manera virtual sino que por WhatsApp acosó a un estudiante.
La educadora tiene 63 años y es docente de dibujo técnico. La víctima era un estudiante de décimo grado.
“Usando o aprovechándose de la autoridad o facultad que le confiere ese cargo, a través de la aplicación WhatsApp de su celular, en desarrollo y con motivo de actividades académicas propias de la materia, acosó, acosó y accedió a través de mensajes, chats , palabras, frases, preguntas y otras actitudes sugerentes hacia su alumno de 15 años”, señala el fallo judicial.
En los mensajes, según las investigaciones, la docente le pide a la menor que le envíe fotos íntimas de diferentes partes de su cuerpo en pijama, pero que no se lo cuente a su madre ni a sus amigas.
En el proceso se conoció que la estudiante no accedió a los reclamos, lo bloqueó de sus contactos y denunció el caso ante la Fiscalía.
Ante las pruebas recabadas por la Fiscalía, el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil impuso una pena, en primera instancia, de 15 meses de prisión por el delito de acoso sexual a un menor de edad.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los delitos sexuales contra menores no pueden salir de prisión ni otorgarse beneficios como arresto domiciliario o libertad condicional. De confirmarse el fallo en segunda instancia, sería enviado a un centro de detención durante 15 meses.
La víctima aseguró que no solo ella sino más estudiantes habrían sido víctimas durante la pandemia de 2020 y en otros momentos.
“Los demás menores se abstuvieron de denunciar por miedo, por su condición socioeconómica y porque el educador era una persona conocida de un instituto de Barichara. Los mensajes insinuantes y persistentes del docente se produjeron fuera del horario académico, especialmente en horas de la noche”, dijo un familiar del menor.
El educador condenado en primera instancia aseguró al medio Ecolecuá, que lo contactó, que su abogado está a cargo del proceso, pero se ha declarado inocente y está a la espera de que se resuelva el recurso de apelación de la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. San Gil.
Por ello, su privación de libertad aún no se hace efectiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.
También en el fallo, el educador fue inhabilitado para ejercer derechos, funciones públicas, desempeñar cargos, oficios o profesiones que impliquen relaciones con menores de edad por un período igual a la pena principal.
Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad, Vanguardia se abstiene de publicar la identidad del acusado.
