Bullrich Explicó que, si bien el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ya había cerrado el lugar el año pasado, el geriátrico seguía funcionando de manera ilegal.
Durante la intervención, las autoridades encontraron a 25 personas mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad, bajo el cuidado de sólo dos mujeres, todas con problemas cognitivos y de movilidad, que les impedían defenderse o escapar de la situación.
La intervención de la Justicia se originó a partir de una denuncia interpuesta en el Juzgado de Primera Instancia Federal de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella, y la Secretaría Penal N°3, dirigida por Maximiliano Iturburu.
El objetivo fue verificar la existencia de actividades delictivas relacionadas con la trata de personas o explotación laboral en el lugar.
La residencia clandestino Estaba camuflado entre abundante vegetación, lo que dificultaba su detección. En eso pecado, Se constató que el edificio presentaba graves problemas constructivos y carecía de las medidas mínimas de seguridad e higiene necesarias para un centro de atención a personas mayores.
Las autoridades encontraron a 25 personas mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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