“El Ministerio de Justicia informa que, como resultado de la auditoría que la cartera ha realizado desde diciembre, se cerrarán 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que prestaban de manera ineficiente servicios del Poder Judicial y otros organismos”. Así comienza el comunicado oficial de que el Gobierno nacional Se difundió esta semana para abogar por la eliminación de más de 80 agencias que brindaban asesoría jurídica gratuita a sectores vulnerables.
En la región de Cuyo, por ejemplo, el número de oficinas asciende a seis. Uno opera en San Luis, dos en San Juan y los tres restantes en Mendoza. Aún se desconoce si todos ellos serán eliminados o si algunos seguirán operativos. En nuestra provincia son diez los trabajadores que actualmente laboran en los CAJ: cuatro lo hacen en San Rafael y el resto laboran en las oficinas ubicadas en Ciudad y Godoy Cruz. Además, solo pagan canon de alquiler los centros de Mendoza y San Rafael, que pagan 60 mil y 45 mil pesos, respectivamente.
¿Qué son los CAJ?
Los Centros de Acceso a la Justicia son oficinas que brindan servicios de atención jurídica primaria gratuita en temas relacionados con la seguridad social, la familia, el trabajo y la documentación, entre otros. Según el sitio web del gobierno nacional, entre 2020 y 2023, las mismas oficinas respondieron más de medio millón de consultas en todo el país.
Foto de : MDZ
Cada oficina cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por abogados, psicólogos y administrativos que, además de brindar asistencia jurídica y psicológica a las personas que la necesitan, brindan apoyo a los usuarios y realizan las gestiones necesarias para que los sectores vulnerables tengan acceso a la Justicia.
El equilibrio en la provincia
Como pudo descubrir MDZ, la demanda más frecuente que llega a los CAJ de Mendoza está relacionada con inconvenientes en el pago de la cuota alimentaria y temas relacionados con conflictos familiares. También afirman que han asistido a más de 125 personas que fueron víctimas de abuso sexual.
El miércoles 6 de julio de 2022 el cuerpo de Agostina Trigo apareció en un depósito ubicado en el departamento de San Martín, en el oriente de Mendoza. Llevaba 72 horas desaparecida. Diez días después fue detenido Diego Armando Caballero, quien ya tenía denuncia por abuso sexual simple. Un año después, MDZ Informó que el femicida había confesado la autoría del crimen por lo que la Justicia terminaría condenándolo a cadena perpetua. Ese fue uno de los muchos casos en los que participaron profesionales del CAJ.
