15/06/2024
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió a Javier Alfredo Valle Anaya en el sistema de justicia transicionalquien fue subdirector regional del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Santa Marta, Magdalena.
Valle fue sentenciado en 2017 a 40 años de prisión en la justicia ordinaria. por haber participado en el asesinato del sociólogo, profesor universitario y sindicalista Alfredo Correa de Andráis y su guardaespaldas, Edelberto Ochoa Martínez, en 2004.
El exsubdirector presentó ante la Jurisdicción un “Compromiso Claro, Concreto y Programado”, mecanismo con el que diversos actores del conflicto armado Le dicen a la JEP que quieren someterse a cambio de entregar verdad o bienes.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluó el Compromiso y, aunque consideró sus aportes a la verdad muy generales y “sin mayor riqueza descriptiva”, Aseveró que tienen el potencial de ser claves en la descripción de patrones de macrocriminalidad.
Es decir, para la Cámara, Lo dicho por Valle podría “impactar positivamente” la investigación sobre la colusión de agentes estatales con grupos paramilitares, especialmente para perseguir a líderes sociales con base en acusaciones falsas.
Alfredo Rafael Francisco Correa de Andráis era, además de profesor, miembro de la Asociación Sindical de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Asoprosimbol). En 2004 fue acusado por el Estado, con mentiras, de colaborar con las ya extintas FARC.
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En ese momento el DAS, encabezado por Jorge Noguera, elaboró listas de personas a las que acusaba de presunto apoyo a la guerrilla. Los perfilados fueron luego asesinados por paramilitares del Bloque Norte con el auspicio de la Fuerza Pública.
Javier Valle al ser parte de esa red podría aportar información de interés para el macrocaso 08con el que la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP investiga crímenes cometidos por el Estado en asociación con el paramilitarismo.
Si bien la JEP admitió a Valle Anaya en sus filas, no le otorgó el beneficio de la libertad “transitoria, condicional y anticipada”.. La condición para su liberación en el futuro es que amplíe su verdad y ofrezca garantías “aceptables” para las víctimas.
El exdirector del DAS se encontraba en Estados Unidos desde 2005. En 2018, tras su condena, las autoridades migratorias norteamericanas lo capturaron. Su deportación a Colombia se produjo en 2002 y desde entonces permanece en prisión.
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