Desde su ingreso a la Cámara de Diputados y hasta pocos minutos antes de que el miércoles comenzara el debate en el Senado, la Ley de Base sufrió numerosas modificaciones. De los 664 artículos más anexos que se presentaron a finales de 2023, casi seis meses después se votaron 238 artículos. ¿Qué queda del ambicioso proyecto original? Estos son algunos de los puntos claves y principales modificaciones.
El Senado aprobó la declaratoria de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el período de un año. Este es uno de los principales artículos que el Gobierno esperaba aprobar y le permite a Milei realizar reformas sin pasar por el Congreso. El primer proyecto también contemplaba la emergencia pública en materia fiscal, pensiones, seguridad, defensa, arancelaria, sanitaria y social.
La última versión de la liberalización administrativa se mantuvo igual a la original, con la excepción de que limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y añadió la prohibición de disolución de organismos culturales, como la Administración de Parques Nacionales y la Administración de Parques Nacionales. Comisión de Energía Atómica.
De las 41 empresas que el proyecto original proponía privatizar, 8 propuestas llegaron al Senado. De última hora quedaron excluidas Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y Correo Argentino.
Energía Argentina e Intercargo fueron objeto de privatización total, mientras que Agua y Saneamientos Argentinos, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Trenes Argentinos, Yacimiento Carbonificador Río Turbio, Nucleoeléctrica y Corredores Viales SA permanecieron en la lista de empresas a concesionar o privatizar.
Este título regula las relaciones laborales en el sector privado. Pese a fuertes diferencias en la oposición, se aprobó la eliminación de multas o infracciones para quienes no hayan regularizado adecuadamente a sus empleados.
Sobrevivió el punto que define la “participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos” como lesión laboral grave y causa objetiva de terminación del contrato de trabajo. Se eliminó el artículo que establecía que, para los empleados no afiliados a sindicatos, las cuotas solidarias sólo podrían cobrarse con su previo consentimiento. De esta forma, pueden seguir haciéndolo en contra de su voluntad.
Se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las empresas puedan transferirse al exterior luego de transcurridos tres años, la incorporación de cláusulas para garantizar que las empresas que adhieran al régimen empleen gente local y contraten servicios de proveedores locales, entre otras propuestas. de RIGI que fueron aceptados.
Sin embargo, la oposición reformuló el artículo 163, que declaraba “absolutamente nula” cualquier norma provincial que se oponga al RIGI. De esta forma, sólo aplica para aquellas jurisdicciones que decidan adherirse al régimen.
