El Consejo de Estado ha dado un paso importante en el análisis de la legalidad de la elección de la directora general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), Doris Bernal Cárdenas, para el período 2024-2027. En un auto reciente, el magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez resolvió las excepciones presentadas por el imputado, estableció el litigio y ordenó pruebas claves para avanzar hacia un fallo temprano.
La polémica gira en torno a supuestas irregularidades en el proceso electoral de Bernal Cárdenas, denunciadas por la Superintendencia de Transparencia y Mérito en la Elección del Director de Corporinoquia y otros demandantes. Entre los puntos a resolver están posibles violaciones al proceso de recusación, la modificación del orden del día de la sesión electoral, la falta de publicidad en los cambios de horario y la participación del representante de las comunidades negras en la Junta Directiva.
En su auto, el juez Barreto Suárez negó las excepciones de demanda inepta, integración indebida del adversario y falta de legitimación activa en la causa pasiva presentadas por el imputado, lo que implica que el tribunal rechazó los argumentos presentados por una de las partes, en los que Se alegó que el reclamo era inadecuado o no cumplía con los requisitos formales o sustanciales para ser tramitado. Es decir, el juez determinó que la demanda era procedente y podía continuar con el proceso judicial.
Además, estableció una demanda que abarca seis puntos claves, entre ellos el análisis de una posible reelección irregular de Bernal Cárdenas y el eventual desconocimiento del derecho a elegir de los miembros de la Junta Directiva que no asistieron a la sesión electoral. .
En materia de pruebas, el Consejo de Estado solicitó a Corporinoquia el envío de los antecedentes administrativos del acto imputado, certificaciones respecto de los cargos desempeñados por Bernal Cárdenas en la entidad y los expedientes de los procesos electorales de 2019 y 2022. Asimismo, solicitó a la Procuraduría General de la República documentos relacionados con el seguimiento del proceso 2023.
La oficina denegó el decreto de testimonios solicitado por las partes por considerarlas innecesarias y fijó un plazo para que las partes presentaran por escrito su conclusión antes de pronunciarse el fallo previsto.
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