La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se declaró neutral en el conflicto armado colombiano hace 27 años.
La declaración hecha hace 27 años por el Comunidad de Paz de San José de Apartadóde ser neutral en el conflicto que vivía el país luego de dos sangrientas masacres que casi lo convirtieron en un pueblo fantasma, parece que ha perdido sus efectos contra los armados.
Esta semana, nuevas amenazas contra líderes de esa población ubicada en la zona rural de Urabá, Antioquia, han vuelto a encender las alarmas sobre el creciente control en la zona del clan del golfo, que también ha revivido el fantasma paramilitar que ha azotado esa zona del país.
No deja de ser paradójico, y síntoma del reciclaje de la violencia en esa región, que estos hechos violentos se produzcan en la misma semana en la que un Tribunal de Florida declara culpable a la multinacional Chiquita Brands de financiar grupos paramilitares en Colombia, en los años 90, precisamente en esa parte del Urabá.
De hecho, varios vecinos dijeron a Colombia+20 que el fallo de la justicia de Estados Unidos es un “reconocimiento a todas las denuncias que hicieron durante años”.
Si bien el acoso contra los vecinos comenzó casi a finales de diciembre, el pico más alto del conflicto se evidenció hace unos meses tras el asesinato el 19 de marzo de Nallely Sepúlveda y su cuñado Édinson David, de 14 años, esposa y hermano del coordinador humanitario de esa comunidad.
Una persona cercana a la comunidad, que por razones de seguridad no quiso revelar su nombre, dijo a Colombia+20 que, si bien existe un riesgo para varios de los líderes de esa población, En particular, Germán Graciano, su representante legal, está en la mira del Clan del Golfo.
En su sitio web, la Comunidad de Paz de San José ha publicado comunicados separados con el detalle de los hechos violentos ocurridos entre abril y mayo. Entre ellos se encuentran llamadas telefónicas con amenazas de muerte contra Graciano, detenciones ilegales, robo de maquinaria, muerte de animales, presuntos actos de espionaje realizados por personas que se identifican como paramilitares. También denuncia presuntas inscripciones ilegales y malas actuaciones de la Fiscalía.
“El deseo de exterminar nuestro proyecto de vida no tiene límites. Nos amenazan; Destruyen nuestras cosechas y cultivos; nuestras vallas y puertas; Nos anuncian que nos quedan tres opciones: arrodillarnos, ir a la cárcel o ser asesinados. Nuestras opciones siempre estarán a favor de la vida y nunca nos negaremos a protegerla”, dice una de las entradas del sitio web.
Según denuncias de los habitantes, a mediados de abril hubo una reunión convocada por paramilitares con líderes de juntas de acción comunitaria del distrito de San José de Apartadó. La comunidad afirma que en esa reunión un hombre que se identificó como Mateo dijo que exterminaría a esa comunidad. “Se hizo el anuncio del exterminio de nuestra Comunidad de Paz (…) y que primero van a eliminar a Germán Graciano y su círculo familiar”, dicen.
En diálogo con este diario, Graciano señala que esta amenaza es solo una de las formas que han utilizado los grupos armados para acabar con la unidad de la población. “A esto se suma la muerte de animales. Sacan declaraciones diciendo que no eran ellos los que nos hacían pelear. Incluso han cooptado a personas de las juntas de acción comunitaria para organizar campañas contra la comunidad. con gente que no es residente y rompe el tejido social”, afirma.
Para Graciano, algunos de los motivos de estos hechos parecen copiados de lo ocurrido cuando estaba allí la empresa bananera Chiquita Brands. “Las cosas han cambiado, pero muchas no tanto. La Comunidad lo único que hace es proteger el territorio y la vida en él, y por eso quiere acabar con nosotros y matarnos. Ese fallo dejó al descubierto esa olla podrida de Urabá con el bananero, y ustedes saben que esos empresarios siguen ahí. Esto tiene intereses políticos y económicos de este puerto de Antioquia. Lo que hacemos aquí es ejercer autoridad y autonomía a favor de nuestros derechos sobre nuestra tierra.pero eso no ayuda a mucha gente, la gente armada, algunas autoridades, entonces nos quieren matar”, aseveró.
Hace apenas un par de días, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia volvió a lanzar una alerta sobre amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó. “Condenamos y expresamos preocupación por X amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó”, publicó la oficina en su cuenta X.
Además, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin CastañedaEstaba con esa comunidad esta semana para, según puso en su cuenta X, “dar seguimiento a los acuerdos que alcanzamos en el mes de marzo”, cuando ocurrió el doble asesinato.
Sin embargo, Graciano afirma que la Comunidad de Paz no espera nada de esa reunión y tampoco quiere nada del Gobierno. “No queremos dinero ni nada. Queremos justicia y que nos permitan vivir, queremos preservar la vida. No les pedimos nada más”.
El fantasma paramilitar
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido varias alertas tempranas en las que señala que el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha intentado tener el control territorial de esa comunidad con “conductas violatorias de derechos humanos como amenazas, homicidios, desplazamiento forzado, despojo de tierras y explotación de sus recursos naturales.
El Clan del Golfo, surgido tras la desmovilización de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)hoy es uno de los grupos criminales más grandes del país. Además, controla diversas economías ilegales en varias zonas rurales de varias regiones del norte del país, incluido Urabá.
Un día antes de la muerte de Nallely Sepúlveda y el menor Edinson David, el Gobierno de Petro había llegado a Apartadó en el marco de sus reuniones de Gobierno con el pueblo. Luego de reportarse el asesinato, el presidente publicó en X que se trataba de la “recurrencia del paramilitarismo”. “(A lo largo del conflicto armado) fueron asesinados 400 miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Hace dos días estuvo todo el gobierno en Apartadó y nos reunimos con miembros de la comunidad en la Asamblea Popular. A nuestro regreso, dos miembros más de la comunidad fueron asesinados. “Las fuerzas oscuras quieren revivir el paramilitarismo en el noroeste del país”, publicó.
En los sucesos posteriores del Gobierno en esa región del país, Petro lanzó duros dardos contra el Ejército Gaitanista de Colombia, a quienes le dijo que “Gaitán fue un revolucionario y no un agitador”. En su discurso, el jefe de Estado también dijo que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que se sometan a la justicia, pero que La condición era que abandonaran cualquier conexión con el narcotráfico y otras economías ilícitas.
Petro también dijo que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que el Clan se sometiera a la justicia, pero que la condición era que abandonaran el narcotráfico y otras economías ilícitas.
El Clan del Golfo aceptó de inmediato la invitación de Petro para sentarse a negociar la paz, pero hasta el momento esa negociación no se ha llevado a cabo.
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