Brasil ha solicitado formalmente a Argentina información sobre el paradero de 143 brasileños prófugos de la justicia en el caso abierto por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 en Brasilia. La sospecha de las autoridades brasileñas es que decenas de partidarios radicales de Bolsonaro se han refugiado en el país vecino, aprovechando la sintonía entre el presidente, Javier Milei, y la extrema derecha liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.
El Gobierno de Brasil quiere saber si estos 143 brasileños se encuentran en la Argentina y en qué condiciones: si como simples turistas, con algún tipo de permiso de residencia o si ya solicitaron ser reconocidos como refugiados o asilados políticos. Esta última categoría es la más espinosa, a juicio de las autoridades brasileñas, porque es la que más podría complicar una eventual extradición.
El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, explicó que el viernes 7 de junio fue entregado a la Cancillería argentina un oficio de la Corte Suprema de Brasil que contiene “143 nombres de delincuentes condenados” para indicar quiénes, en esa lista, se encuentran en territorio argentino. “Le hemos dejado claro a las autoridades argentinas la gravedad y la gravedad del asunto, eso lo tienen muy claro”, dijo el embajador a la cadena Globonews.
El diplomático admitió que en todo el lío jurídico-diplomático hay un factor que “complica” las cosas: las solicitudes de refugio. Según información de la Policía Federal brasileña, entre esos 143 delincuentes hay al menos 47 que huyeron a Argentina y ya solicitaron asilo. En estos casos, la Comisión Nacional de Refugiados Argentina realiza una entrevista con cada solicitante y decide caso por caso. La decisión final, como es habitual en estos procedimientos, puede tardar bastante. Además, la ley argentina asegura que este proceso es confidencial, por lo que a prioriLos nombres de los sospechosos que ya iniciaron el proceso no pudieron ser proporcionados a las autoridades brasileñas.
Argentina supuestamente alberga a la mayor parte de los bolsonaristas fugitivos, pero hay más. La Policía Federal cree que puede haber alrededor de 180 prófugos en total y que habría algunas decenas en Uruguay y Paraguay, aunque estos dos países aún no han sido notificados.
La semana pasada, la Policía Federal desplegó un macrooperativo en Brasil para detener a 209 personas acusadas de ignorar medidas cautelares, como la obligación de llevar una tobillera electrónica, la prohibición de utilizar redes sociales o el contacto con otras personas investigadas. Los agentes sólo lograron detener a 50, el resto puede estar fuera de las fronteras brasileñas.
Todos estos brasileños cuyo paradero es incierto están relacionados con la ola de partidarios de Bolsonaro que el 8 de enero atacaron los principales edificios de Brasilia; el Congreso, el palacio de Planalto (sede de la Presidencia) y la Corte Suprema. Muchos fueron arrestados en los días siguientes y desde entonces han recibido sentencias bastante duras, en algunos casos hasta 17 años de prisión.
Según la justicia brasileña, participaron en un intento de golpe de Estado para que Luiz Inácio Lula da Silva, que había asumido la presidencia una semana antes, no ejerciera el poder. Para una parte importante de los brasileños, sin embargo, no eran más que vándalos que no merecían penas tan altas. Varios diputados de extrema derecha pidieron la semana pasada que Argentina los reciba como “exiliados políticos”.
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