Estela Ambriz Delgado
Las obras de rehabilitación en el barrio san miguelito No sólo se han impuesto con total opacidad, además de afectar el patrimonio y la vida cotidiana de sus habitantes, con graves problemas de movilidad e incluso de salud, sino que también se ha dañado la relación social entre vecinos por la gestión de grupos de apoyo. de víveres y otros favores del Gobierno del Estado.
Así lo expresó durante la participación de Martha Elena Hernández Luiciodel comité vecinal del barrio San Miguelito, en el foro “Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el daño patrimonial de los errores políticos”hecho por Centro Potosino de Estudios Políticos y Sociales “Dr. Salvador Nava Martínez”.
La ciudadana explicó el largo proceso que ha representado la defensa de su barrio ante la imposición de una obra de agosto 2023 sin siquiera conocer el proyecto, por lo que han tenido que enfrentar el ataque de los entonces legisladores del Partido Verde Ambiental de México (PVEM), así como los grupos que el gobernador “mueve” en San Miguelito, y una excesiva lentitud en sus avances.
“El gobernador, junto con los diputados de su mismo partido, pusieron al pueblo en nuestra contra, los mismos del barrio, nos contrapusieron. Sabemos que en las colonias hay grupos antagónicos, y en este caso el gobernador mueve grupos dentro de San Miguelito que son las señoras a las que les dan víveres o que son personas que han recibido algún favor del Gobierno del Estado”.
El vecino explicó que estas personas han estado constantemente en contra de quienes recurrieron al amparo contra las obras, generando un discurso de que sí querían que se realizaran, como si la contraparte simplemente los rechazara, cuando lo que pedían en el amparo era conocer el proyecto, se atendieron solicitudes previas de rehabilitación de drenajes y otros problemas, además de garantizar que se realizarían trabajos de calidad.
La situación finalmente generó un conflicto entre ciudadanos de un mismo barrio, dañando el tejido social, sumado a daños al patrimonio histórico, complicaciones de salud, dificultades de movilidad en general y particularmente para personas mayores o discapacitadas, así como en los casos de los centros de salud en zona y oficinas, cierre de negocios y daños al medio ambiente.
Asimismo, Hernández Lucio señaló que han observado poca o nula supervisión por parte del Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y las empresas constructoras, ya que los supervisores dejan de asistir por semanas y quienes tomaban las decisiones eran los albañiles, por lo que consideran que no se está siguiendo un proyecto, no hay mano de obra calificada, ya que incluso han visto niños trabajando, además de que desconocen el paradero de los adoquines.
