El diseño de un protocolo de actuación para la detección, información y traslado de personas con conducta errante se encuentra entre los elementos más innovadores incorporados en la actualización de la política aprobada en 2014 de atención a este sector vulnerable de la población.
Como se reveló en la última sesión. del Consejo de Ministros, se indicó que las provincias que no cuentan con un Centro de Protección Social deben evaluar la pertinencia de su creación, incluso si han activado equipos multidisciplinarios desde las instituciones de Salud. Entre esos territorios se encuentran Isla de la Juventud, Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Guantánamo, pues en Las Tunas se instala actualmente un nuevo centro.
Respecto a los nueve centros de Protección Social existentes, se precisó que las personas son evaluadas clínicamente y atendidas sus problemáticas, con el objetivo de reintegrarlas a sus familias, ya que estas instalaciones no son para que vivan allí por años. En el caso de personas que se encuentran solas y son responsabilidad del Estado, existe un procedimiento para protegerlas.
La actualización de la legislación incluye la indicación de remitir a los menores que sean detectados deambulación al centro educativo o de salud más cercano, para certificar su estado de salud, brindarles la atención requerida e informar a las autoridades correspondientes.
En cuanto a los menores de 60 años, sin domicilio al que regresar, se les debe facilitar el acceso a rehabilitación sanitaria por dependencia del alcohol y otras adicciones, ofertas de empleo o cursos de formación, y la asignación de una vivienda temporal, un hogar de tránsito, entrega de viviendas o la aprobación de un subsidio para su reparación o construcción, detalló la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera.
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