Por Sergio Álvaz
Desde Misiones
Durante su tercera presidencia (1973), Juan Domingo Perón firmó el Tratado de Yacyretá. Acuerdo binacional entre Argentina y Paraguay para la construcción y puesta en marcha de la represa hidroeléctrica del mismo nombre en Misiones, con el objetivo de incrementar la producción de energía eléctrica en ambos países y reemplazar parte de la dependencia de la energía hidroeléctrica. Pasaron cuarenta años hasta el último plan de terminación de la hidroeléctrica, que aporta el 15 por ciento de la matriz energética del país y prometió electricidad a un “costo simbólico” para los misioneros, pero en abril pasado el gobierno provincial tuvo que anunciar el pago en cuotas de cuotas mensuales. facturas. Una de las chispas de la revuelta provincial.
La reciente localidad misionera expuso la situación que atraviesa la sociedad en un extenso reclamo que unificó las realidades de policías, docentes, enfermeras y empleados municipales por salarios deprimidos, que se desploman ante el aumento desproporcionado del costo de vida. En la tierra roja, donde el gobierno del Frente Renovador de la Concordia se jacta de un equilibrio fiscal sostenido, la mayoría de los trabajadores estatales no llegan a fin de mes. Un salario para la categoría más baja del estado en Misiones era de 380 mil pesos mensuales en mayo de 2024.
En este contexto, Las tarifas del servicio eléctrico en una provincia generadora no deben escapar al análisis. Desde abril, en la provincia de Yacyretá se podrán pagar los recibos de luz hasta en tres cuotas. “Los usuarios de todas las categorías de Energía de Misiones y cooperativas eléctricas participantes podrán pagar sus facturas con tarjeta de crédito hasta en tres cuotas sin interés”, anunció el gobernador Hugo Passalacqua en su cuenta en la red digital X, el 19 de diciembre. marzo, un mes antes de las protestas, cuando también confirmó que el Ejecutivo mantendría la tarifa social para 120.000 usuarios, bonificando la tarifa hasta 400 kilovatios (KW) mensuales.
El anuncio oficial estuvo ligado a los aumentos tarifarios registrados en todo el país debido a la eliminación de subsidios decidida por el Gobierno nacional. La presidenta de la prestataria Energía de Misiones, Virginia Kluka, había confirmado que “por decisión y resolución de la Secretaría de Energía de la Nación, el costo de la energía aumenta, provocando una incidencia del 60 por ciento en el rubro residencial”.
“Somos una familia de cuatro integrantes, con un consumo residencial medio. En enero pagamos una factura por 10.000 pesos. El de abril, por el mismo consumo, vino 36.000“, describió Elisa, de 43 años, desde uno de los campamentos de enseñanza que se montó en las últimas semanas. “Vivo solo con mi hija en un departamento de dos habitaciones. Tengo un pequeño negocio de estética femenina que funciona desde casa. Mi consumo es de 500 kwh y aumentó más del 250 por ciento, la factura superó el 50,000pesos. Ya estoy pagando la luz a plazos.”, completó Graciela, de 36 años, en otro de los puntos de reclamo en la ciudad de Garupá.
Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIPE), dependiente de la UBA y el Conicet, publicado en abril, la provincia de Misiones se ubicó como la cuarta provincia con mayor tarifa energética en el Caso usuario N1 (ingresos altos), detrás de Salta, Neuquén y Mendoza. Mientras que en las categorías de usuarios de ingresos medios y bajos (N2 y N3), Misiones ocupa el noveno lugar en ambos casos, es decir, se encuentra entre las diez provincias con las tarifas eléctricas más caras.
A partir de mayo, aunque las tarifas varían según el caso, todos los días hay usuarios residenciales que tienen facturas de luz de 30.000, 45.000 o más de 50.000 pesos. En marzo, un caso resonante a nivel provincial fue el del abogado de Puerto Iguazú, Fabián De Sá, quien, como protesta por las altas tarifas, se instaló frente a la oficina de Energía de Misiones en esa ciudad, para atender y asesorar denuncias de otros usuarios.
El titular de Defensa del Consumidor de la Provincia, Alejandro Garzón Maceda, señaló que “la empresa Energía de Misiones y todas las cooperativas eléctricas han establecido cuadros tarifarios. Es decir, existe un valor de kwh dependiendo de cuánto consume el consumidor. El cuadro tarifario se divide en hasta 500 kwh en la categoría más baja y la más alta para usuarios de más de 1.400 kwh. Lo que cambió es el valor del kwh, que está asociado a la eliminación de subsidios y al aumento de la energía por parte del Estado nacional, lo que generó el aumento de la factura”.
Respecto al consumo en la provincia, el residencial representa el 55 por ciento mientras que el resto se distribuye entre el sector industrial y comercial.
De la promesa de energía barata al pago a plazos
En 1973, Juan Domingo Perón firmó el Tratado de Yacyretá, un acuerdo binacional entre Argentina y Paraguay, para la construcción y puesta en marcha de la represa hidroeléctrica, cuya construcción comenzó en 1983, en el río Paraná, cerca de la ciudad correntina de Ituzaingó. El 2 de septiembre de 1994, con una fastuosa ceremonia -a la que asistieron el entonces presidente Carlos Menem (Argentina), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) y George Bush (Estados Unidos)- pusieron en marcha la primera turbina de la hidroeléctrica.
La represa terminó de construirse –con su diseño inicial de veinte turbinas– apenas en 1998. A principios de 2004, Néstor Kirchner y su homólogo paraguayo Nicanor Duarte Frutos firmaron un nuevo acuerdo para ampliar la capacidad de producción y realizar obras complementarias en las ciudades afectadas por el embalse. Esta etapa, que se extendió hasta 2013, se denominó “Plan de Terminación de Yacyretá”.
En medio de todo el proceso, las consecuencias adversas generadas por la presa de Yacyretá fueron innumerables y se padecieron principalmente en la provincia de Misiones, y en menor medida, en Encarnación (Paraguay).
Más de 80,000 familias expulsadas de los lotes aledaños al río Paraná, barrios enteros inundados, realojos forzados, desempleo, violación de derechos humanos, brote de enfermedades vectoriales y otras situaciones, conformaron el panorama de impacto que tuvo la represa en localidades como Posadas, Santa Ana , Garupá, San Ignacio y Candelaria.
El complejo hidroeléctrico, según cifras oficiales, genera alrededor del 50 por ciento de la energía hidroeléctrica del país y el 15 por ciento de la energía total del Sistema Interconectado Nacional. Aunque la producción de energía varía constantemente debido a múltiples factores, se estima que equivale al consumo de seis millones de hogares al año.
“La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no distribuye energía, solo la genera. El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) entrega la energía a las distribuidoras, quienes fijan las tarifas. La proximidad geográfica no tiene relación con los costos. Si bien la presa está en Corrientes y el embalse en Misiones, no tiene impacto en la energía que llega a los hogares de la zona, sino que es parte de todo el sistema”, explican fuentes de la EBY.
Por su parte, el líder ambientalista y miembro del Movimiento Socioambiental Misionero, Eduardo Luján, en diálogo con Tierra Viva, marca la otra cara de una realidad de tarifas a plazos y la promesa incumplida de acceso a la energía “a un costo simbólico .” “El aumento de las tarifas eléctricas en Misiones, paradójicamente, perjudica económica y socialmente a quienes fueron más afectados por la represa de Yacyretá. Miles de familias que hicieron el principal sacrificio para que se pudiera construir esta represa, desde jubilados hasta pequeños empresarios y productores. Ellos, como todos los misioneros, ven que el precio de la energía hoy en día es inaccesible”, afirma.
Luján también destaca que, desde entonces, con la Mesa Provincial No a las Represas y ahora con el Movimiento Socioambiental, se viene considerando realizar un debate sobre “Qué modelo energético y productivo queremos. ¿Energía para qué y en beneficio de quién? ¿De comunidades o corporaciones?.
Este problema de la energía hidroeléctrica producida a partir del sufrimiento de las poblaciones y la inundación de vastas extensiones territoriales es un debate que va más allá de la Argentina. En Brasil, donde 65 por ciento de la energía disponible proviene de fuentes hidroeléctricas, el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB) viene planteando esta cuestión desde hace años.
“La energía eléctrica impacta directamente en la vida de las personas. Representa un insumo fundamental para todas las cadenas productivas, pero sobre todo es un derecho fundamental de las personas.. Sin embargo, el bajo costo de producción no se aprovecha para garantizar energía a precios asequibles para la gente; sucede lo contrario. La lógica que domina el mercado se aleja de la concepción de la energía como un derecho y así las cosas funcionan como un gran negocio”, dice Marcelo Aguilar, miembro del MAB.
“Históricamente hemos denunciado que el precio de la luz es un robo. Incluso con bajos costos de producción, tanto en Brasil como en Argentina se paga uno de los precios más altos del mundo. Ésta es la gran contradicción de este modelo. Cuestan caro a la ciudad y, al mismo tiempo, entregan energía muy barata a los más ricos, como las grandes empresas industriales y los centros comerciales, los llamados consumidores libres”, señala.
Por sus condiciones hidrográficas, Misiones tiene instaladas otras represas que abastecen al Sistema Interconectado Provincial. Estos son Saltito I, Saltito II y Urugua-í. Este último construido en la localidad norteña de Puerto Libertad. En 1985 se iniciaron las obras de la represa hidroeléctrica Urugua-í, que fue terminada en 1990. Desde 1991, año en que Ramón Puerta asumió como gobernador, la gestión de la represa estuvo a cargo del Grupo Socma (de la familia Macri). El Estado provincial tomó el control en 2004, luego de rescindir el contrato con Socma por acusaciones sobre los altos costos de mantenimiento de la presa.
Al igual que en Yacyretá, a la población local se le prometió que —a cambio del impacto ambiental y social de las obras— tendrían energía a “costo cero”, mientras que para el resto de la provincia las tarifas serían “a un precio simbólico”. ” ”. En el traspaso de la gestión privada al Estado se registró una baja de tarifas, pero ese beneficio se diluyó.
“En Puerto Libertad, Wanda y zonas de influencia de la represa Urugua-í pagamos la luz más cara que en Posadas y ni hablar que en Buenos Aires. Al tener una represa en el pueblo, nunca tuvimos ningún tipo de compensación en la tarifa”, denuncia la secretaria general de la CTA (Wanda Regional), Iris Morínigo.
