Temístocles Ortega es acusado de irregularidades en construcción de aeropuerto en Cauca.
Foto: Cristian Garavito
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador del Cauca y excongresista, Temístocles Ortega Narváez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsificación de documento privado. Cuando gobernó el departamento (2012-2015), dio luz verde a un contrato por más de $2,500 millones para ampliar la pista del aeropuerto López de Micay, Cauca. Pero, el proyecto no tomó en cuenta varios requisitos legales que le correspondían, además, la obra se entregó incompleta.
Dentro de la investigación, la Sala encontró que en julio de 2013, el entonces gobernador Ortega tramitó un proyecto para ampliar en 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay. La obra fue priorizada por el gobierno de Ortega y contó con un presupuesto inicial de $2.807.708.294, que provinieron de recursos del sistema general de regalías, específicamente, del fondo de compensación regional.
El entonces gobernador del departamento adelantó la licitación del proyecto que finalmente fue entregado en agosto de 2014 a la Fundación EDICOL, representada legalmente por María Margarita Zapata Paredes. El objeto del contrato fue “la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto en el municipio de López de Micay, por un valor de $2.599.729.902, con un plazo inicial de 6 meses”.
Sin embargo, dice la Corte, Temístocles Ortega, quien fue el encargado de velar por el cumplimiento de los estándares establecidos para entregar el contrato, no tomó en cuenta que “no se realizaron los estudios de suelo correspondientes, ya que se puede afirmar con probabilidad que” Es cierto que los utilizados y supuestamente firmados por el Ingeniero Víctor Hugo Bautista Ponce, en marzo de 2013, son falsos”.
Asimismo, la Sala destaca que los documentos de diseño de la obra no fueron elaborados y presentados y que los planos no brindaron el respaldo necesario para seguir adelante con el proyecto. Además, afirma el alto tribunal, no se tuvo en cuenta la normativa aeronáutica para construir los 200 metros de pista que se habían contratado. El permiso para la obra fue otorgado por el alcalde de López de Micay, pero no pasó por la revisión de Aeronáutica Civil. El Tribunal incluso encontró que la solicitud a la autoridad aeronáutica para que revisara el proyecto se realizó dos años después de la firma del contrato.
Entre otros incumplimientos que habrían existido dentro de ese contrato, dice la Corte, está que, al parecer, el entonces gobernador presentó documentos falsos respecto de la licencia ambiental que se requería para continuar con la obra. La Sala dice que Ortega Narváez, como representante legal del Departamento del Cauca, y máximo asesor de la planificación del Gobierno, no hizo su trabajo y dejó pasar estos requisitos.
El alto tribunal consideró que debido a todos estos fallos se produjeron varias afectaciones al departamento, como, por ejemplo, que “como los estudios previos no se realizaron correctamente, siete días antes de que venciera el plazo de ejecución del contrato, se tuvo que suspender y hacer nuevos diseños y al contrato hubo que sumarle $775.276.873, que debía ser entregado por la próxima administración. Asimismo, se constató que de la construcción de los 200 metros previstos, solo se materializaron 100 metros, en los que, además, se presentaron grietas, ondulaciones y crestas.
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