El endurecimiento de las inspecciones y la imposición de multas a los comerciantes, tanto estatales como privados, muestran las consecuencias de la falta de libertad y el exceso de control estatal sobre los productores. Durante mayo inspectores de la Dirección Territorial de Matanzas impusieron 619 multas por un total de 793 mil 100 pesos, reflejo de las dificultades de operar en un ambiente de estricta regulación y control estatal.
Entre las principales infracciones se encuentra la falta de actualización de los métodos de pago digitales obligatorios, como QR o Enzona, que todos los comerciantes, incluidos los vendedores ambulantes legales, deben poseer. El requisito de disponer de un teléfono móvil para realizar transacciones comerciales añade una carga adicional a los pequeños comerciantes, que muchas veces carecen de los recursos necesarios para cumplir con estos requisitos.
Yanet Vázquez Fragoso, jefa del grupo de inspectores, explicó que durante mayo, mediante el Decreto-30, se impusieron 153 multas por un valor de 651.500 pesos debido a irregularidades como precios no visibles, pizarrones no actualizados y la falta de Facturas de los productos vendidos. Estas sanciones subrayan las dificultades que enfrentan los comerciantes para cumplir con las regulaciones en un sistema dominado por la burocracia estatal.
Además, fueron multados quienes no contaban con la documentación legal necesaria para sus ventas, en el contexto de un sistema bancario que incrementa el uso de canales de pago electrónico y reduce el uso de efectivo. Este proceso, aunque bien intencionado, puede resultar inalcanzable para muchos pequeños comerciantes, lo que exacerba las tensiones y la posibilidad de que se produzcan violaciones.
El Decreto-45, aplicable a trabajadores por cuenta propia, generó 110 multas por un valor de 111.000 pesos por violaciones al proyecto, falta de documentación adecuada y diversas ilegalidades. Estas sanciones reflejan las dificultades de los empresarios individuales para operar bajo constante supervisión y control estatal, lo que limita su capacidad para adaptarse y prosperar en el mercado.
En cuanto a las infracciones relacionadas con la ornamentación pública y la higiene comunal, se impusieron multas por el bloqueo de calles y aceras con materiales de construcción, así como por la creación de vertederos ilegales. Estas sanciones, si bien son necesarias para el bienestar de la comunidad, también reflejan la falta de recursos y apoyo para los pequeños comerciantes que intentan cumplir con las regulaciones.
Además de las multas, se realizaron 189 amonestaciones y una venta forzosa, lo que pone de relieve la necesidad de que los inspectores cuenten con los recursos necesarios para detectar y prevenir el fraude. La insistencia en la vigilancia de los precios del arroz y otros productos básicos, así como en el control de los precios de productos como la leche, subraya el control estatal sobre el mercado y las dificultades que enfrentan los comerciantes para operar dentro de estas restricciones.
En resumen, las numerosas multas y sanciones impuestas en mayo reflejan las consecuencias de un entorno de excesivo control estatal y de falta de libertad para los productores privados. La necesidad de cumplir con regulaciones estrictas y la falta de recursos adecuados dificultan el funcionamiento de los comerciantes, evidenciando las tensiones inherentes a un sistema que prioriza el control sobre la libertad económica.
