El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno cubano estudiará las medidas de la administración Biden y “si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque sea a un segmento, no obstaculizará su aplicación”.
Foto: Jorge Luis Baños/IPS
La Habana, 5 jun.- Reacciones encontradas provocan las autorizaciones del gobierno de Joe Biden “en apoyo a servicios con operaciones en internet” y a “empresarios cubanos independientes en el sector privado”, según anunció el 28 de mayo el Departamento del Interior de Estados Unidos. Tesorería. Unido.
De acuerdo con las disposiciones publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se autoriza la apertura de cuentas de empresarios del sector privado en bancos estadounidenses, el uso de pagos en línea y transacciones desde Cuba y cualquier parte del mundo.
Asimismo, se podría facilitar el acceso a programas, aplicaciones móviles, redes sociales, plataformas de videoconferencias, mapas, contenidos en la nube, entre otras opciones hasta ahora prohibidas para la nación caribeña por anteriores gobiernos estadounidenses.
También sería posible exportar software cubanos a terceros países, así como la reparación, instalación o sustitución de dispositivos de comunicaciones para actividades del sector privado, individual o cooperativo.
Las medidas incluyen la posibilidad de transferir fondos con origen y destino a Estados Unidos, revocada en 2019 durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), lo que permitiría a los bancos gestionar las remesas y pagos de los ciudadanos de la nación caribeña.
Al mismo tiempo, se precisa que empresas no asociadas al gobierno o al Partido Comunista se beneficiarían de estas modificaciones a las normas de control de activos cubanos.
Lo que dicen los empresarios cubanos
Representantes del sector privado cubano compartieron algunas opiniones sobre estas disposiciones. Según Bernardo Romero, de Ingenius, una microempresa privada de soluciones informáticas y electrónicas, “es un paso adelante en la dirección correcta”. Sin embargo, consideró que “que perdure en el tiempo o no es otra cosa”.
Para Yulieta Hernández, directora general de la empresa privada πlares Construcciones SRL, las medidas deben evaluarse en el contexto político-económico de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
A juicio de la empresaria, es necesario evaluar los antecedentes de esta decisión: desde los pronunciamientos de la presidencia de Barack Obama (2009-2017) sobre el sector privado en Cuba y los anuncios del gobierno de Biden en 2022 hasta las opiniones de la oposición desde EE.UU.
Al respecto, Hernández destacó que la administración norteamericana puede permitir estas nuevas regulaciones, “pero los bancos y empresas norteamericanas son privados y hay una percepción de riesgo muy alto con las operaciones financieras cubanas”.
Tanto ella como otros actores del sector privado en la isla se preguntan cuántos bancos estadounidenses van a permitir que los empresarios cubanos abran cuentas.
La respuesta de Cuba
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, emitido el 28 de mayo, considera que “las medidas son limitadas y no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo contra Cuba ni las sanciones adicionales que conforman la política de máxima presión”.
Con esta decisión, el gobierno de Biden “pretende apuntar sólo a un segmento de nuestra población. Las medidas coercitivas que más afectan hoy a la economía y los servicios públicos cubanos no se eliminan ni modifican”, indica el texto.
También señala que, de concretarse las disposiciones, Estados Unidos “busca poner en situación ventajosa al sector privado que se ha constituido legalmente y ha crecido bajo las medidas tomadas en un acto soberano del gobierno de Cuba”.
La nota oficial señala que Estados Unidos “ratifica su voluntad de castigar al sector estatal cubano”. Sin embargo, afirma que el gobierno cubano, tras estudiar estas medidas, “si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficie a la población cubana, aunque sea a un segmento, no obstaculizará su aplicación”.
Según datos del Ministerio de Economía y Planificación, hasta el 9 de mayo había 11.228 nuevos actores económicos en la isla -entre ellas mipymes y cooperativas no agrícolas-. Al cierre del año pasado, esa entidad reportó la creación de 183.000 empleos en el sector no estatal y el registro de unos 596.000 trabajadores por cuenta propia. (2024)
