Contraloría revela aumento desproporcionado en contratación de camiones cisterna en Córdoba y otros departamentos – .

Contraloría revela aumento desproporcionado en contratación de camiones cisterna en Córdoba y otros departamentos – .
Contraloría revela aumento desproporcionado en contratación de camiones cisterna en Córdoba y otros departamentos – .

Según el análisis realizado por la Contraloría General de la República, la contratación de camiones cisterna en Córdoba, junto con los departamentos de La Guajira, Bolívar y Boyacá, alcanzó la suma de $37.500 millones en 2024, un aumento desproporcionado respecto a años anteriores. .

La Contraloría General de la República puso en escrutinio la contratación de suministros de camiones cisterna por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tras detectar un alarmante aumento del 700% al 2024.

El Subcontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ordenó que todas las acciones del caso sean lideradas por la unidad especial de investigaciones contra la corrupción, dado el grave daño a la administración pública que representan estos hechos.

La Contraloría también señaló que la contratación de la UNGRD está concentrada en sólo tres empresas, lo que ha levantado sospechas sobre supuestos favorecimientos en la adjudicación de los contratos millonarios. Además, se ha observado la continuidad de algunas de estas empresas en la obtención de contratos, a pesar de presentar incumplimientos, supuestos sobrecostos y violaciones a las normas contractuales.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República anunció la apertura de investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la contratación de camiones cisterna, tomando en cuenta sobrecostos, ejecución y funcionalidad de los proyectos de abastecimiento y abastecimiento de agua potable. en todo el país. Asimismo, se compulsarán copias a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría General de la República por la posible comisión de delitos contra la administración pública y faltas disciplinarias, respectivamente.

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