El objetivo de este programa es redireccionar recursos destinados al desarrollo de nuevas soluciones habitacionales y estimular su movilización eficientecompatibilizar los procedimientos de recuperación financiera en cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales de financiamiento para la construcción de viviendas, estableciendo valores y financiamientos de acuerdo con las fluctuaciones de los índices de precios para la construcción de viviendas.
La iniciativa propone crear un “oficina virtual” de este programa, en la que deberán registrarse todos los ciudadanos que tengan algún beneficio otorgado por ADUS o IPVU. En dicha oficina podrá gestionar, tramitar, cancelar, regularizar, refinanciar y/o realizar cualquier trámite.
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Sólo el 17 por ciento de los beneficiarios pagaron sus cuotas con el IPVU.
A partir de la entrada en vigor de la futura ley, El valor de las viviendas nuevas se determinará en pesos, tomando como referencia su equivalente en unidades de valor de vivienda publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). tomando como fecha de finalización de la obra.
El plazo máximo de financiación para la adquisición de una vivienda o préstamo será de 240 cuotas mensuales (20 años). Su valor se determinará tomando el valor de las unidades de vivienda el último día del mes anterior a la liquidación.
El financiamiento otorgado se determinará en el número de viviendas, estableciéndose como monto límite del pago mensual el 30% de los ingresos familiares del beneficiario de la vivienda.
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También se propone la creación del “registro de beneficiarios morosos de vivienda”.
En caso de que se registre impago de tres o más cuotas consecutivas, o de cinco cuotas alternas del financiamiento otorgado, se producirá la terminación automática del mismo.. Asimismo, será nulo el valor histórico establecido del inmueble de que se trate, sin necesidad de declaración administrativa o judicial posterior.
En tal caso, la norma establece que se determinará un nuevo avalúo de la vivienda y se establecerá el financiamiento en pesos, con su equivalente en Valor Unitario de Vivienda (UVIS) publicado por el Banco Central de la República Argentina, o el que en el sustituirlo en el futuro, debiendo el adjudicatario consentir la tasación y financiación dentro del plazo que reglamentariamente se establezca.
La ley busca implementar mecanismos operativos para potenciar y revalorizar el sector vivienda como factor vital y prioritario de progreso social y crecimiento económico, reorientar los recursos destinados al sector, fortalecer el concepto de sostenibilidad de la vivienda y el desarrollo urbano en el largo plazo, e implementar un sistema digital que permita regularizar la situación habitacional de viviendas y/o créditos ya otorgados.
Alta morosidad en el pago de las tasas de IPVU
En los fundamentos de la iniciativa, el Ejecutivo alerta de los altos índices de morosidad en el cumplimiento de los planes de financiación, requisitos de regularización inconclusos cuyos trámites denotan métodos engorrosos, antiguos y de gran complejidad.
A modo de ejemplo, en febrero pasado se registró una tasa de morosidad cercana al 70% de las viviendas pertenecientes al IPVU. De un total aproximado de 58.000 viviendas, sólo el 17% fueron canceladas.
También existen registros de planes de financiamiento que han vencido por incumplimiento de los adjudicatarios, cuyas cuotas a valores históricos son ínfimos, oscilando entre $150, $1.500 o $3.000, implicando actualmente un alto costo administrativo y/o judicial de perseguir. dicho crédito.
Asimismo, el número de viviendas/créditos otorgados a lo largo de los años inevitablemente se convirtió en normativa diferente de acuerdo con el régimen jurídico aplicable de la época. Por ello, es necesario establecer parámetros claros y uniformes de valoración, financiación, procedimientos de regularización y tratamiento de la información acordes con la realidad actual.
