A esta conclusión llegó el titular del Juzgado de Gestión Judicial Adjunta en lo Civil, Comercial y de Minas N°1 del Primer Distrito, luego de ser solicitado conjuntamente por los representantes del Ministerio Público, el asesor del Gobierno de Mendoza, el representante de la DGE y el de la Fiscalía Estatal, por el fracaso de dos subastas por falta de postores.
Este error ocurre en en sintonía con la modificación a la ley de caducidad de dominio que fue aprobada en la Legislatura el mes pasado permitir que, en caso de subastas manifiestamente antieconómicas o de su fracaso, el juez pueda ordenar la entrega directa de los bienes a la DGE.
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Luis Lobos cumple una condena de 8 años de prisión por estafa (en dos casos) y enriquecimiento ilícito.
“Ni la ley ni el DNU en que se basó este proceso preveían la entrega directa de los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, previendo su subasta”, explica el juez Gallardo. “Sin embargo, recientemente, la Honorable Legislatura Provincial dictó la ley 9533” que incorpora la posibilidad.
“Esta norma, al ser de carácter procesal, es de aplicación inmediata. a los procesos en curso”, argumentó el juez.
El fallo del juez que entregó la casa de Lobos a la DGE
“Al no haberse presentado postores en las subastas anteriores, entiendo que un nuevo intento de subasta por un precio inferior al ya fijado resultaría antieconómico en el caso, con los gastos que ello conlleva”, explicó el juez Gallardo. Y agregó: “En cambio, no tengo dudas que la entrega directa de los inmuebles identificados sería de mayor beneficio para la Dirección General de Escuelas, cumpliendo así, y de mejor manera, con el verdadero espíritu de la ley de extinción de dominio. .” .
De esta manera –falla- se cumple el objetivo principal de la ley, que es “extinguir mediante la acción civil el derecho a la propiedad que haya sido mal adquirida como consecuencia de actos de corrupciónpara recuperarlos en beneficio de la sociedad en su conjunto”.
La DGE recibirá entonces, según sentencia del pasado viernes, la propiedad ubicada en el barrio Alto Portal del Sauce más el pasillo comunitario de obligada indivisión para llegar a la vivienda.
En este caso, la dependencia estatal asumió los gastos y costas procesales. Y ya fueron cancelados todos los embargos y medidas cautelares que pesaban sobre el inmueble.
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