La Defensoría del Pueblo solicitó a la Alcaldía de Bucaramanga un informe sobre las medidas que está tomando para brindar albergue y protección a personas migrantes en su territorio.esto tomando en cuenta la política de expulsión de migrantes delincuentes que viene impulsando el alcalde de esa ciudad.
A través de una carta, la Defensoría del Pueblo explicó claramente que La política de expulsiones colectivas de migrantes o delincuentes está prohibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no toma en cuenta las condiciones individuales de cada persona. quien puede ser refugiado, a pesar de su posible situación irregular, en ese sentido el derecho internacional establece que los migrantes son ante todo seres humanos que tienen dignidad.
“La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de los pronunciamientos de su oficina respecto de la posible expulsión de personas migrantes, susceptibles de obtener la condición de refugiados y en necesidad de protección. internacionales inmersos en presunta comisión de delitos y actos de mala conducta en su jurisdicción”, dice la carta enviada por la Defensoría del Pueblo y firmada por José Alberto González, delegado para los derechos de la población en Movilidad Humana.
Según explica la Defensoría del Pueblo, los migrantes gozan de la protección del derecho internacional de los derechos humanos como cualquier otra persona.Por ello, las expulsiones colectivas son arbitrarias, y cada expulsión o deportación debe ser individual y sujeta a análisis antes de llevarse a cabo.
“En cuanto a la prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos el carácter “colectivo” de una expulsión implica una decisión que no desarrolla un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero y por tanto cae en la arbitrariedad. . . (…) De acuerdo con lo anterior, le solicitamos respetuosamente que nos informe sobre las medidas y acciones que su administración está tomando respecto de los hechos antes mencionados.”, dice la carta del 30 de mayo de 2024.
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