Las medidas anunciadas el 28 de mayo, supuestamente para favorecer al sector privado, “no tocan el cuerpo fundamental del bloqueo ni las sanciones adicionales que integran la política de máxima presión contra la hermana nación”, indicaron en un comunicado.
El bloque integracionista señaló que el diseño de estas normas se inserta “dentro de los objetivos de cambio de régimen y en abierta violación de los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”, la igualdad soberana y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. determinación.
La Alianza declaró que Washington debe escuchar el reclamo de la comunidad internacional y de su propia opinión pública, de levantar el bloqueo y “excluir a Cuba de la lista arbitraria, selectiva y unilateral de (presuntos) Estados patrocinadores del terrorismo”.
Manifestó que de ello “se derivan otras medidas de coerción económica que dañan gravemente el bienestar de toda la población cubana”.
Los países miembros del ALBA-TCP rechazaron el propósito declarado por funcionarios estadounidenses de negar recursos al sector público cubano, garante de servicios esenciales como educación, salud, cultura, deportes y otros, a todos los cubanos, incluido el sector privado.
El desarrollo de Cuba en estas áreas clave, aseveró, ha sido reconocido mundialmente y beneficiado a múltiples países a través de la solidaridad y la cooperación internacional.
La Alianza ratificó que el pueblo y el Gobierno cubanos “tienen derecho a construir el modelo político, social y económico que ellos determinen”, incluido el desarrollo armónico de las distintas formas de gestión y propiedad, sin sombra de injerencias externas, y sin perjuicio para su independencia y soberanía.
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