Universidad de Río Tercero, Presupuesto y Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente).
¿Cuáles son las expectativas que usted y su espacio político (UCR) tienen con relación al tratamiento parlamentario que se está desarrollando para lograr una ley que garantice los presupuestos de todas las universidades nacionales?
-Creo que la respuesta de la sociedad argentina sobre este tema ha sido contundente. La marcha convocada por el CIN, la FUA y los trabajadores universitarios apoyó profundamente el trabajo que se impulsó posteriormente desde el Congreso y en el desarrollo de las negociaciones con los rectores. Las universidades necesitan fondos para operar y pagar salarios; es responsabilidad constitucional del Estado Nacional garantizar los recursos y asegurar la autonomía financiera y la autarquía. Aquí se incluyen todas las universidades, incluidas las de reciente creación como la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT).
¿Cómo prevé que se pueda resolver este estado de conflicto?
– Para evitar estos conflictos, el sistema institucional argentino establece una serie de plazos y etapas para el desarrollo de conversaciones entre el Consejo Interuniversitario, el Poder Ejecutivo y el Congreso que no se desarrollaron por cuestiones de cambio de gobierno y la perspectiva sobre la inversión en educación superior en Casa Rosada. La premisa es la siguiente: antes de que el Poder Ejecutivo presente el Proyecto de Ley de Presupuesto, el CIN envía al Poder Ejecutivo una propuesta sobre la cantidad de recursos que necesitarán las universidades para funcionar, esto luego se considera para prever los fondos destinados al rubro de Educación Superior. de la Ley de Presupuesto y luego el Congreso lo define. Cuando el proyecto de Ley de Presupuesto que envió Massa en octubre cayó por el resultado de las elecciones nacionales, volvió al punto de partida. Al reorientar el presupuesto nacional, el gobierno decidió mantener los mismos recursos del año pasado, los cuales resultaron claramente insuficientes debido a la escalada de la inflación, por lo que la comunidad universitaria exigió voluntad de escuchar al gobierno nacional.
¿Y cómo sigue este asunto en el Congreso?
-La acción en el Congreso continúa por el camino previsto, ya que con sentido de responsabilidad fiscal venimos trabajando en un proyecto que asegure parámetros claros en cuanto a la definición presupuestaria. Consideramos positiva la decisión del gobierno de aumentar los gastos operativos en un 270%, pero esto representa el 10% del presupuesto universitario. Se han creado grupos de trabajo para resolver los problemas de obras suspendidas, becas para estudiantes, proyectos científicos y especialmente el tema salarial, porque los profesores universitarios perdieron el 42% de su poder adquisitivo. Vamos a estar muy atentos a lo que pase estos días.
¿A través de qué mecanismos se puede lograr la restitución del Fonid?
-Respecto al Fonid, el radicalismo presentó su propuesta que está lista para ser considerada en los tribunales. Para nosotros la restitución del Fonid es una prioridad, hasta que se genere una propuesta para sustituirlo y se discuta donde hay que discutirlo, el Consejo Federal de Educación. Junto a esto, proponemos el establecimiento de la educación como un servicio estratégico esencial, sin violar el derecho de huelga en Argentina. Es una nueva aproximación a un viejo problema: desde el retorno a la democracia en 1983, hace 40 años, no ha habido un solo año escolar en el que los alumnos de primaria hayan podido completar los 180 días de clases previstos por ley en Argentina. . Y las razones son las huelgas de docentes y el cierre de escuelas. Para evitarlo, se necesitan profesores bien remunerados (y niños que estudien). Mire, creemos que a 26 años de la Ley Fonid (1998), debemos garantizar no sólo el mantenimiento del salario, sino también incluir un piso mínimo de prestación de servicios en caso de huelgas docentes en todas las provincias del país. Y aclaro que no estamos innovando, al contrario, la Argentina tiene 20 años de retraso en este planteamiento que es reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este cambio de enfoque comenzó en Europa en el año 2000 y los países comenzaron a cambiar la relación entre los conflictos docentes y el derecho a la educación en la infancia. Italia (2000), España (2006) y Francia (2008) garantizaron escuelas abiertas incluso cuando los adultos discutían sobre los salarios. En la región, Perú (2007) e incluso Ecuador -con Correa- lo han hecho en la reforma constitucional de 2008. Es un modelo internacional para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que en caso de huelga docente , se deberá garantizar escuelas abiertas en horarios habituales, normalidad en el servicio de alimentación, no afectando el proceso educativo ni la atención de los estudiantes y asistencia mínima incremental de acuerdo a la magnitud de la medida:
–En la reciente entrevista al titular de Adiuc –publicada el pasado domingo en LNM– Javier Blanco expresó, tras la reunión del 24 de mayo del Acuerdo Federal para el Futuro de la Educación y la Ciencia, que “el ajuste salarial de los trabajadores universitarios está asfixiando el funcionamiento de la universidad pública” poniendo en riesgo las posibilidades de impartir clases en diversas carreras. ¿En qué medida le preocupa esto en relación a la reciente Universidad de Río Tercero?
-Las leyes de presupuesto siempre establecen recursos para acompañar los procesos de puesta en marcha de las universidades de reciente creación, aunque esto no ha sido resuelto por el gobierno nacional, hemos avanzado en varias instancias de debate con el Ministerio de Capital Humano donde mostramos todo el trabajo. llevados a cabo para asegurar la normalización institucional. Esta normalización prevista por la Ley de Educación Superior no ha supuesto ningún gasto para el Estado, ya que todo fue voluntario y ad honorem.
¿Ha hablado de esto con el rector designado, Pablo Yannibelli? ¿Cómo ha analizado el panorama al respecto?
-Sobre esto quiero resaltar la labor del rector normalizador Yannibelli –quien fue ratificado en sus funciones por la seriedad de su trabajo- y del intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, quien ha definido a la UNRT como un eje de su gestión. . En este momento estamos esperando la aprobación del plan institucional, el estatuto y el desarrollo de las carreras –que serán absolutamente pertinentes a las necesidades socioproductivas de la región. En paralelo, continúa la instalación de la Universidad en el territorio regional, generando convenios con otras instituciones y el sector industrial y productivo y el manejo de un presupuesto.
Las apuestas online no son un juego
-Usted ha mostrado una gran preocupación por la lacra de la adicción al juego ante la apertura indiscriminada de casas de apuestas online. ¿Cómo piensa intentar evitar la propagación de esta adicción?
-Claramente este es un tema que nos interesa. El juego virtual se ha expandido dramáticamente y al ritmo de los constantes avances en el uso de las nuevas tecnologías. Los peligros son mayores, porque ya no es necesario ir al casino, el casino está en cada hogar y a un clic de distancia. Esto se ve reforzado por el estallido de la pandemia, el aislamiento y la crisis económica. Atendiendo este problema hace unos días comenzamos a discutir este tema en la Comisión de Prevención de Adicciones, donde tenemos un proyecto que tiene como objetivo crear un programa para abordar el juego virtual en niños y adolescentes, donde se aplicará la Ley de Consumo Problemático para estos. En estos casos, se prohíbe la publicidad -como se hizo en España-, se prohíbe el uso de billeteras virtuales a menores de 18 años para sitios de apuestas, y también se aplican mecanismos de control de identidad y edad. Y pretendemos que quienes no cumplan con esto, más allá de la aplicación del código penal, sufran severas sanciones económicas.
¿Hay algún sector de la sociedad –por edad, por condición económica y social, o por otras características– que le preocupa en particular?
-El juego virtual tiene un profundo impacto en los más pequeños. Cuanto más fácil sea acceder a las apuestas virtuales, menor será la edad a la que se apuesta. El sistema se ha diversificado, existen videojuegos online, casinos a través de diferentes plataformas, bingos, tragamonedas virtuales y quizás el más importante: las apuestas deportivas. Al utilizar ganchos como animaciones, sonidos y recompensas, los proveedores estimulan el sistema de recompensa del cerebro de manera similar a las drogas y el alcohol. Con el uso de big data, algoritmos, inteligencia artificial y segmentación, el juego ahora busca al jugador y lo invita a apostar todo el tiempo a través de alertas. Estamos muy preocupados porque los papás y las mamás nos escriben constantemente para que el Congreso se proponga resolver esta situación, y los docentes en las escuelas dicen que las aulas se han convertido en casas de apuestas.
Ley Base: modificaciones y alcance del dictamen.
-¿Cuál es el balance y la principal reflexión que surge sobre la Ley de Bases y su tratamiento?
-La Ley de Bases fue un proceso de aproximadamente 4 meses, donde el radicalismo jugó un papel clave al generar diferentes propuestas que a nuestro juicio fueron sustancialmente positivas. El gobierno envió un proyecto de 700 artículos donde proponía modificaciones a más de 100 leyes y pretendía aprobarlo a libro cerrado en tres semanas. Eso es imposible en un Congreso donde hay una perspectiva federal y plural, ya que hay 257 diputados de todas las provincias del país. Desde el principio -con el partido (UCR)- nos opusimos al ajuste para los jubilados y a imponer derechos de exportación a las economías regionales, lo que significa destruir las economías del interior del país; Rechazamos la propuesta inicial de privatizar 41 empresas estatales en un mismo paquete; Propusimos quitar el capítulo relacionado con la eliminación de instituciones culturales y modificar la Ley de Glaciares y Bosques, considerándolos un retroceso en términos de protección; y también evitamos la liquidación del Fondo de Garantía de Sostenibilidad en materia previsional y la derogación de la movilidad jubilatoria. Además, se excluyeron cambios vinculados a modificaciones al Código Civil y Penal, donde por ejemplo se estableció que era delito una reunión de más de tres personas. Luego reflexionamos que, al no llegar a acuerdos, en la primera oportunidad el gobierno decidió devolver el proyecto a comisión, lo que significó reiniciar el procedimiento de debate. Ante esta situación hubo un cambio de actitud, el gobierno aprendió una lección en mi opinión. Comenzaron a estar dispuestos a dialogar y escuchar las posiciones de los diferentes bloques y sumar aportes para mejorar la propuesta original. Le dijimos al presidente que teníamos que centrarnos en lo urgente y concreto. Por eso finalmente hubo un fallo de 300 artículos, que le permitirá llevar adelante su plan de gobierno.
