El fiscal federal de Salta, Ricardo Toranzos, analiza apelar la absolución de los exdirigentes camporistas de Pami y Anses por fraude. Toranzos anticipó esta acción en una entrevista con Radio Salta, a lo que indicó que hay elementos que no fueron evaluados adecuadamente por la Corte. “Normalmente esperamos que se establezca la justificación escrita, pero con base en los lineamientos que expresaron los jueces ayer (jueves), entendemos que hay algunos elementos que no fueron evaluados, por lo que es muy probable que solicitemos una revisión en Casación de este fallo”, dijo el fiscal.
Los exdirigentes camporistas, Verónica Molina, Marcos Vera y el exconcejal Fernando Ruarte, fueron acusados de delitos como exacciones ilegales, malversación de caudales públicos y peculado. Sin embargo, fueron absueltos por unanimidad del Tribunal Oral 2 de Salta.
Toranzos mencionó que el Tribunal adoptó una valoración diferenciada de la prueba, alineándose con los argumentos de la defensa y contradiciendo la hipótesis planteada por la Fiscalía.
Analizó que los jueces interpretaron que algunas acciones no se ajustaban al tipo penal propuesto por la Fiscalía, como la retención del 20% de los salarios y la distribución de electrodomésticos en contextos políticos. “Independientemente de que hubiera habido o no presencia de carteles del PAMI, lo cierto es que hubo un beneficio en una orden de clientelismo de proponer una transferencia de bienes a cambio de recibir un voto”, dijo el fiscal.
“Entendemos que hay algunos elementos que no fueron valorados, por lo que es muy probable que solicitemos una revisión de este fallo en Casación”.
Como posibles motivaciones de los denunciantes, el fiscal comentó que se menciona que una parte del Tribunal consideró que los denunciantes hicieron sus declaraciones motivados por sentimientos de abandono y enojo, lo que influyó en la interpretación de los hechos.
Sin embargo, Toranzos argumentó que la retención del 20% de los salarios no fue voluntaria, presentando pruebas para sustentar esta afirmación, como audios y capturas de pantalla de conversaciones.
Grupos
La Fiscalía Federal de Salta también está a cargo de una investigación sobre presuntas presiones y cobros por parte de dueños de grupos a personas que reciben planes sociales. La investigación se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de recibir denuncias a través de una línea pública donde se alertaba sobre la obligación de asistir a manifestaciones o sobre presiones relacionadas con el cobro de subsidios.
Algunas de las denuncias correspondieron a colectivos de Salta, lo que motivó el inicio de una investigación local. El objetivo inicial es determinar la existencia de estos grupos, su vinculación con los beneficiarios de los planes sociales y si han recibido fondos del Estado para su redistribución.
Ricardo Toranzos.
En este sentido, se están identificando y precisando varios grupos sospechosos, entre los que se mencionó inicialmente a la organización “La 25 de Mayo”. Sin embargo, el fiscal señaló que hay otros grupos que también están siendo investigados.
Una preocupación adicional es la falta de regulación específica para estos grupos, ya que al no tener estatus de partido político, no están sujetos a las mismas obligaciones de transparencia en el manejo de fondos que los partidos políticos. Esto podría generar situaciones de discrecionalidad en la gestión de los recursos y dificultar la detección de posibles irregularidades.
“Lo que hay que hacer es que la transparencia en la gestión del dinero de la política o de la asistencia social es fundamental. Tener prudencia, respeto y, sobre todo, normativa para saber de dónde viene, quién es el destinatario y por qué”. las situaciones se alteran”, afirmó Toranzos.
Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se han presentado testimonios ni pruebas directas ante la Fiscalía de Salta. La investigación se basa en “noticias criminis” surgidas de denuncias anónimas, lo que requiere una verificación exhaustiva de los hechos por parte de las autoridades.
La Fiscalía busca garantizar la transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a la asistencia social y evitar situaciones de abuso o explotación por parte de los grupos investigados.
Retención del 20% del salario
“Entiendo que ese aporte del 20% es significativo en un salario, es difícil que sea voluntario, demostramos con audios e impactos de pantalla de conversaciones que no era posible dejar de pagarlo, se cumplió todos los meses, es no es que fuera en contra de esa voluntariedad porque en una ocasión le dijeron que no tenían dinero, sin embargo se les exigía, por eso siempre manifestamos que esa exigencia estaba presente. Los jueces creyeron lo que les dijeron estas personas, que cuando lo denunciaron estaban allí. enojados, pero aunque no les gustaba contribuir, no se sentían obligados”, explicó.
