La Facultad de Ciencias Económicas de la UNL fue escenario, por primera vez en Santa Fe, del prestigioso seminario sobre federalismo fiscal donde, entre otros, disertaron Alberto Porto, Pablo Sanguinetti, Daniel Sabsay y Antonio Hernández. El gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Economía Pablo Olivares -egresado de la casa- acompañaron a autoridades universitarias como Enrique Mammarella y Liliana Dillon en la apertura del encuentro.
El Litoral conversó con Porto, académico de la Universidad Nacional de La Plata y autor de varios libros sobre federalismo fiscal.
– Conmemoramos 30 años de la reforma constitucional de 1994. ¿Qué aportó esa reforma al federalismo y cómo ve el federalismo fiscal a 30 años de la reforma?
– Fue un paso adelante como orden constitucional que tiene varias dimensiones, una de ellas reconoce cuatro niveles de gobierno, hasta ese momento teníamos tres: Nación, provincias, municipios y ahora tenemos cuatro porque se sumó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. , que era algo requerido . En segundo lugar, se resolvió una cuestión que venía desde 1890 respecto a la discusión sobre si los Impuestos Internos eran una facultad concurrente o no; eso estaba fijado en la Constitución. Además, se establecieron ciertos criterios para la asignación de recursos, especialmente aquellos que pueden ser compartidos entre la Nación y las provincias, lo que fue un paso adelante al establecer normas objetivas de distribución y estableció una cláusula que no hemos cumplido que había una nueva ley. para ser sancionado. de coparticipación el 31 de diciembre de 1996. Este fracaso no puede atribuirse – me parece – a la Constitución sino a la política que no supo resolver este problema, que ella misma había creado, porque los ciudadanos no se fijaron La norma, lo expresaron nuestros representantes.
El Porto insistió mucho en que cualquier gasto mayor debe contar con la asignación presupuestaria para no perder calidad. Créditos: Manuel Fabatia
—¿No pusieron el listón tan alto que hizo inviable el reclamo al ordenar que el acuerdo de coparticipación debía ser aprobado por todas las provincias y todas sus legislaturas?
– Tendríamos que discutirlo. Siempre encuentro como objeción que se puso un listón muy alto de unanimidad para poder enviar el proyecto al Congreso y luego tratar con mayorías calificadas en el Congreso. Me parece que faltó madurez política o negociación política. Pongo el ejemplo del Consejo de la Unión Europea donde hay 27 países tan diversos o más que las provincias argentinas, están Francia, Alemania, Austria por un lado, pero por otro lado Lituania, Estonia, Bulgaria, desde el punto de vista cultural, económico y poblacional. totalmente diferente. Bueno, las decisiones en la Comisión de la Unión Europea se toman por unanimidad y se refieren a reglas tributarias internas comunes, reglas de protección social porque si una provincia, un país, por ejemplo, baja la protección social, los costos son menores y compite. de manera injusta con el resto de países o hace lo mismo con los impuestos. Más aún para incorporar a un miembro a la Unión Europea, la Comisión Europea tiene que decidir por unanimidad, luego va al Parlamento Europeo y tiene su mayoría pero la propuesta se hace por unanimidad. Me parece que la política argentina podría llegar a un consenso después de estudios.
– Lo que está pasando es que el gobierno central se queda cada vez con más recursos del pastel repartible y hace que las provincias sean cada vez más dependientes.
– La historia siempre ha sido así, en este momento agravada. Cuando se aprobó la última ley –yo tuve participación al menos en 1988-, pero las provincias participaban con un cierto porcentaje de los recursos coparticipantes, pero el financiamiento del gasto nacional son recursos coparticipantes y no coparticipantes. Aunque aquí se dijo que se participa con tal porcentaje, del total hay que dar al menos el 34%, lo que significa que ahora habría que sumar el impuesto País, retenciones, etc. Esta es la norma del 34% que se incluido en la Ley 23.548.
– En Argentina hay que hacer cumplir las reglas que no se cumplen. En realidad estos recursos no compartibles, la idea original no era solo el impuesto País y las retenciones, si la Nación se financia con emisión monetaria, también es un recurso no compartible y eso tendría que ir al 34%. Evidentemente no se cumple. Cuando se hacía un estudio, se hacía un borrador y –luego se metió la cola el diablo– y en lugar de poner recursos totales del sector público, se pusieron recursos tributarios y entonces se volvió confuso.
– Podría sumarse la infraponderación de las perspectivas inflacionarias, que también deja mayores recursos a la Nación y aumenta la discrecionalidad.
– Eso fue especialmente en gobiernos anteriores. Ahora no lo sabemos porque la recaudación es muy baja.
– A este esquema hay que sumarle que en los años 90 todas las competencias en educación y salud fueron transferidas a las provincias sin transferencia de recursos.
– Que tuvo un precedente del año 80 cuando trasladaron la educación primaria a las provincias, sin compensación económica, con edificios arruinados y muchos problemas de este tipo. En el 92 esto se repitió con la educación secundaria. Además, se eliminó el 15% que iba al régimen de seguridad social, que tenía un destino específico. Eso se pudo justificar, no se pudo justificar cuando en 2006 se nacionalizaron esos fondos, las AFJP desaparecieron y el gobierno de Cristina dijo que, por emergencias, se quedaba con el 15% y las provincias no dijeron nada. Santa Fe, Córdoba y San Luis acudieron a la justicia, el resto no, entre ellos Daniel Scioli que era gobernador de Buenos Aires. Aquí hay todo un problema de acción política de ambos lados, provincias y Nación y también de intervención de la Justicia, que fue muy buena cuando devolvió el 15% pero lo hizo muy tarde, cuando cambió de gobierno.
– Esta transferencia de servicios, sin recursos, hace que las provincias hayan tenido que crear o aumentar impuestos ante las quejas de sectores productivos y ciudadanos que pagan IVA e Ingresos Brutos, por ejemplo.
– Hay una carga muy grande diciendo que las provincias recaudan ingresos brutos. La pregunta sería, ¿qué van a cobrar? Una ley dice lo que pueden cobrar en provincias: actividades lucrativas (Ingresos Brutos), inmuebles, timbres, automóviles y libre transmisión, no permiten cobrar nada más. De modo que el único impuesto rentable, aunque sea un impuesto malo y distorsionador, es el ingreso bruto.
– Estamos en un sistema de parche sobre parche donde el Congreso quiere insistir con el Fonid…
– En el Pacto que iba a haber en mayo con los gobernadores un tema eran los impuestos, el reordenamiento del sistema tributario y el régimen de reparto. Eso no hay que decirlo simplemente, sino que hay que poner técnicos a estudiarlo, con diferentes disciplinas, diferentes puntos de vista, no se puede hacer con una misión centralista -que es lo que se hace siempre- y todo acaba en en manos de la Secretaría. del Tesoro.
– El ambacentrismo, el dinero que queda en ese conglomerado de CABA y el primer cordón del conurbano que ha ganado mayor peso específico a partir de la eliminación del Colegio Electoral que ha diluido el federalismo
– No sé qué van a hacer, pero el punto 9 de ese Pacto de Mayo propone cambios en el sistema de representación política lo que imagino indica que hoy en el Congreso tenemos muchas provincias sobrerrepresentadas y otras subrepresentadas. Nótese que la Ley Electoral vigente es la de (Reynaldo) Bignone, de 1983. Nadie la tocó.
– Dentro hay quejas por la eliminación de subsidios al transporte de pasajeros, pero no en el AMBA, el problema de las universidades que se parchó primero en la UBA, hay una visión muy centrista del gobierno
– Argentina siempre ha tenido una visión centralista y eso no se ha corregido, incluso las últimas leyes tributarias las sacaron Sergio Massa, Máximo Kirchner, Carlos Heller. No hubo ningún estudio como exige la ley, lo que indica que si ambos son dueños de los recursos fiscales, las leyes tendrían que ser consensuadas con las provincias. Apuran las leyes tributarias en un esquema muy centralista.
– Las únicas que parecen haber escapado fueron las provincias petroleras a las que la Constitución les garantizaba regalías, a diferencia de provincias como La Pampa que prestan la tierra para la producción y no tienen reconocimiento.
–Ese es un punto cuestionable de la reforma de 1994 porque, teóricamente, lo que se dice es que cuando en un país hay un recurso muy desigualmente distribuido en todo el territorio, tiene que ser nacional porque si no se tendrá a Neuquén con Vaca Muerta. será una especie de Arabia Saudita empobrecida y La Rioja, Catamarca, etc. Me parece que eso no era del todo cierto, y la teoría dice que si el recurso está muy desigualmente distribuido entre jurisdicciones, la Nación debe tenerlo para hacer una distribución más equitativa.
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– No lo sé, pero lo que dice es muy cierto. Será porque tienen más acceso a la justicia, participan más en la actividad política en el Congreso. No pude responder por qué.
– Siempre es menos agradable tener que hablar de recursos que siempre son escasos
– Además, nosotros, los economistas, somos más hostiles. ¿Qué tiene que decir un economista? Si a una persona le preguntan si debería haber más educación, más salud y más transporte, todos dicen que sí, pero que hay que pagar por ello. Lo primero que uno enseña en economía es que todo se paga y si los servicios públicos no se pagan como no se pagaban en años anteriores, ahora vino la lección, además de perder calidad, las asimetrías. ¿Quién paga el almuerzo? A nivel economista, como los recursos son escasos, qué decimos cuando viene alguien y dice, tenemos que hacer algo como esto. ¿Qué vas a dejar de hacer? Hagamos esto, que otros gastos dejas de hacer públicos o privados porque si no hay que bajar el gasto público. La gente encuentra estas cosas odiosas.
– Más derechos significan más gastos
– En la medida que los derechos no se puedan financiar, acaban perdiendo calidad, por lo que la jubilación será cada vez menor. Los recursos son escasos y el coste económico hay que pagarlo.
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Alberto Porto nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Realizó todos sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde también desarrolló prácticamente toda su carrera académica. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y presidió la Asociación Argentina de Economía Política. Es director de Seminarios de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, premio Konex y autor de numerosos artículos sobre federalismo fiscal.
–¿Cuál fue el foco del debate en este congreso de federalismo fiscal?
– Los problemas son los de siempre, hay que discutirlo todo. Para empezar, se estableció que la Ley 23.548 tendrá una vigencia de dos años. La experiencia que había tenido el gobierno radical donde la ley había caído, ponía una cláusula de actualización automática de renovación si no había ley que la sustituyera. Llegó la hiperinflación y la ley de transición que tenía dos años lleva treinta. Todo hay que discutirlo porque las participaciones de las provincias se fijan con números, antes era según la población, según la superficie, según un conjunto de criterios objetivos como ahora dice la Constitución. En ese momento no se hizo porque provenía del desmantelamiento que había realizado el régimen militar en los años 80, que había eliminado los impuestos al trabajo. Los había reemplazado, como las provincias perdían mucho dinero, con Aportes del Tesoro Nacional que se manejaban de manera totalmente discrecional y una de las grandes perdedoras fue Buenos Aires, que nunca pudo recuperarse. Todo esto debe discutirse junto con el sistema fiscal.
– El último párrafo de la ley de Bases está preanunciando esa reforma tributaria que desconocemos.
– Es el Pacto de Mayo el que habla de reforma del régimen de reparto y de reformas políticas de cómo son las relaciones entre representantes y representados, pero no dice nada más que el título. Esperemos que pueda llenarse de racionalidad.
