Como parte del plan de reestructuración del sistema de transporte interurbano de Córdoba, el Gobierno de Martín Llaryora conformó el llamado “Grupo de Trabajo Conjunto”. Se trata de una organización que, hasta ahora, estaba integrada por las empresas, el gremio y el Estado provincial (representado por el Ministerio de Transporte) y a la que ahora se sumarán dos universidades nacionales y Ersep.
Según la Resolución 54 de Transporte de la Provincia, en la mesa fueron invitados el Ente Regulador de los Servicios Públicos, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Entre los considerandos, la norma habla de la necesidad de realizar una reestructuración integral del sistema de transporte interurbano en el marco de la emergencia actual. La idea es que la renovación sea “diagramada y planificada en conjunto con los diferentes actores del sector, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema, mantener la cobertura territorial y la conectividad, optimizando kilómetros, horarios y cantidad de servicios en función de la demanda y que, además, protege las fuentes laborales involucradas”.
Entre otros objetivos, se busca “implementar medidas encaminadas a la colaboración de los servicios de transporte, introduciendo modificaciones en las modalidades de prestación, estableciendo tarifas diferenciales por tiempo y promoviendo la consecución de la metropolización del transporte”.
La norma habla de “rediseño general”, “modernización”, “incorporación de tecnología”, como el concentrador de ventas, la ampliación del sistema de pagos, la creación de una aplicación de software diseñada para funcionar en dispositivos móviles para el monitoreo geolocalizado. de las unidades, y “la puesta en marcha del Observatorio de Movilidad”.
Crisis terminal
Tanto la mesa como la reestructuración en general se enmarcan en una profunda crisis del servicio, que sufrió la eliminación de las subvenciones nacionales y provinciales, con un posterior incremento del precio del billete de más del 300% en los pocos meses transcurridos desde que Llaryora asumió el cargo. en Provincia y Javier Milei en la Casa Rosada.
Esto provocó una caída brutal en el número de pasajeros, estimada en un 30%. El precio de los viajes se disparó tanto que, por ejemplo, un billete Córdoba-Mendiolaza cuesta $2.300, y se eliminaron varias frecuencias. En el medio, los usuarios de los corredores del área metropolitana se quejan de la falta de servicios en las horas pico, momentos en los que es imposible abordar un autobús excepto en las terminales.
