La Fiscalía propuso que el acusado de agredir a un ex gendarme reciba tres años de libertad condicional.
La justicia rechazó condenar al imputado Juan Carlos Burriguin (40 años) mediante juicio abreviado por el crimen de Florentino Silverio Gutiérrez (68), el ex gendarme que vivía en Las Talitas. El Ministerio Público y la defensa solicitaron que recibiera una pena de prisión condicional de tres años por el delito de lesiones graves, pero la denuncia y los familiares de la víctima se opusieron al acuerdo, presentaron una teoría diferente del caso y pidieron que se realice una audiencia oral y pública. se celebra el juicio.
El pasado 6 de enero, Gutiérrez o “Cachito”, como lo conocían sus vecinos, fue encontrado muerto en el interior de su domicilio ubicado en Pasaje Granaderos al 100, El Colmenar. Investigadores de la División de Homicidios y de la Fiscalía de Justícias de Homicidios, subrogados por Carlos Sale, reconstruyeron que “Cachito” había sufrido un atentado un día antes de su muerte. Un punto clave de la investigación fue que la víctima, antes de morir, identificó a la persona que lo había agredido. Así, el Ministerio Público imputó a Burriguin el delito de lesiones graves.
Según la teoría del caso del MPF, el 5 de febrero Burriguin se presentó en la casa de “Cachito” junto con una mujer aún no identificada y lo golpearon provocándole heridas cortantes en la cabeza y en la zona del rostro. Debido a sus heridas fue trasladado al hospital de Padilla pero a las horas firmó el alta voluntaria para abandonar la clínica. Al día siguiente murió.
El resultado de la autopsia fue un elemento clave para que la Fiscalía definiera qué cargos se presentarían contra Burriguin. El parte médico confirmó que Gutiérrez no murió por las heridas causadas por el imputado sino por una broncoaspiración de contenido gástrico.
Ayer la Fiscalía Penal, a cargo de María del Carmen Reuter, presentó a la jueza María Alejandra Balcázar un acuerdo de juicio abreviado que alcanzaron con la defensora, Mirta Mariana Santillán, que consistía en condenar al imputado a tres años de libertad condicional. Si bien Burriguin admitió haber cometido el delito, el denunciante José María Ledesma Costas y los familiares de la víctima se opusieron a la abreviatura y solicitaron la celebración de un juicio oral y público.
Al fundamentar su postura, el abogado afirmó que tienen una teoría del caso diferente a la del MPF y que, a su juicio, Burriguin tendría que ser condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo agravado por lesiones, por lo que no lo haría. Debería recibir una sentencia de ejecución condicional.
La subfiscal Andrea Carlino explicó que el MPF no pudo acreditar que hubo robo o privación ilegítima de la libertad, por lo que discrepó con la propuesta de Ledesma Costas. Finalmente, el juez decidió desestimar la abreviada para que la denuncia profundizara su teoría.
