Autor: María Angélica Molina Martínez
Los ciudadanos se mostraron descontentos en el Día Sin Coches y Motos por la cantidad de partículas tóxicas que emiten los vehículos del transporte público.
Estudiantes del CUE Alexander von Humboldt descubrieron que “la Corporación lleva 10 años incumpliendo la norma, y su excusa siempre ha sido decirle a la gente que no tienen el equipo disponible para realizar el trabajo”.
El Consejo de Estado, uno de los más altos tribunales del país, emitió fallo en segunda instancia a favor de una acción popular presentada por Sebastián Peláez Uribe, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad von Humboldt, que obliga a seis entidades públicas del departamento del Quindío para implementar medidas para proteger un ambiente sano en beneficio de todos los Quindíos.
El fallo confirma que la Corporación Regional del Quindío, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y los institutos municipales de tránsito de Armenia, Calarcá, La Tebaida y Quimbaya deben realizar acciones específicas para salvaguardar el derecho colectivo a disfrutar de un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución.
Sebastián Peláez Uribe comentó sobre el origen de esta acción legal: “Todo esto deriva de una práctica realizada en la Universidad, donde dimos seguimiento a una noticia sobre contaminación ambiental en el departamento. Con esto nos encontramos con que no se realizan operaciones de control de la contaminación de los vehículos. Ahora, estas entidades deben arreglar los equipos de medición para posteriormente realizar de manera constante estos operativos de control, beneficiando el medio ambiente y la salud de todos los quindianos”.
Este fallo representa un paso significativo en la protección del medio ambiente en el Quindío y subraya el impacto positivo que las iniciativas académicas pueden tener en la sociedad.
“Somos el departamento con mayor índice de muertes por enfermedades respiratorias, entonces teniendo esto en cuenta comenzamos a enviar derechos de petición a todas las entidades porque se supone que aquí hay medidores de aire que indican la calidad del aire. aire en las ciudades, y descubrimos que aquí esos medidores están dañados”, explicó Peláez Uribe.
“Adicionalmente a esto, existe una normativa del año 2008 que exige operaciones sobre emisiones de fuentes móviles, que son las que regulan los vehículos de chimenea y están a cargo del CRQ”.
El estudiante y sus compañeros descubrieron que “la Corporación Autónoma lleva 10 años incumpliendo la norma, y su explicación siempre ha sido decirle a la gente que no tienen el equipo disponible para realizar el trabajo”.
Debido a lo anterior, hacia el año 2019 el joven y sus acompañantes interpusieron la primera Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del TAQ del Quindío para denunciar los problemas que encontraron en el CRQ.
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Rastreo de orden
Una nueva audiencia está programada para el 30 de mayo para verificar si la CRQ está ejecutando el fallo del tribunal. “Esperamos que ahora en el presupuesto del segundo semestre del año la Corporación compre o alquile los equipos y haga los respectivos contratos para poder comenzar a realizar operaciones de fuente móvil con las que verifican las partículas que emiten los vehículos para inmovilizar los que no cumplen con la normativa.
Esta noticia se conoció en el marco de la Jornada sin autos y sin motos, en la que distintos ciudadanos se mostraron descontentos con la emisión de gases de los vehículos del transporte público, uno de los pocos que podían circular por las calles de la ciudad, ya que incluso uno de aparentemente tenían una afectación que le hacía eliminar grandes cantidades de humo a su paso.
El ejercicio de realizar una Acción Popular
Las facultades von Humboldt tienen el ejercicio de realizar proyectos nucleares en cada uno de los semestres, el decano de la Facultad de Derecho afirmó que en el caso de este programa en el tercer semestre los estudiantes deberán realizar una Acción Popular.
“Al final del semestre se identifican aquellos proyectos que tienen mayor impacto y en el cuarto semestre el estudiante se involucra en una estrategia que tiene el programa, llamada Litigio Estratégico para llevar a cabo la materialización de ese buen trabajo, entonces en este semestre el estudiante “está dedicado a la construcción de Acción Popular que él mismo va a presentar”.
Uno de los propósitos de realizar el ejercicio es generar un impacto social, ya que las Acciones Populares abordan derechos colectivos, y como los fallos son favorables a la comunidad, se produce un impacto positivo para la comunidad.
