El departamento del Cauca, y el Pacífico colombiano en general, han sido un símbolo persistente de la violencia que ha marcado al país durante décadas. A pesar del optimismo generado por la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, el Cauca y otros territorios del país siguen atrapados en un ciclo de conflicto que parece perpetuo. La realidad actual de la región, marcada por graves violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos, obliga a reflexionar sobre las promesas incumplidas del gobierno nacional.
En 2023, según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la ONG Colombia Diversa (2023), se documentaron 121 casos de violaciones al DIH, 42 violaciones a los derechos humanos y 212 casos de violencia político-social. Estas cifras no sólo representan frías estadísticas, sino que reflejan el dolor de cientos de familias, el desplazamiento forzado de comunidades enteras y la creciente sensación de inseguridad.
El apoyo masivo que recibieron el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones de 2022 en el Cauca, donde el 79% del electorado votó por ellos, refleja la esperanza de cambio de la población. Pero la esperanza permaneció ahí. En un sueño que se construyó sobre discursos populistas y que hoy se resquebraja por la inacción y el olvido. Las expectativas de paz y progreso con las que sedujeron impunemente a los votantes chocan frontalmente con una realidad dominada por el terror y la ansiedad.
La situación en el Cauca es insostenible y requiere una respuesta inmediata del gobierno. No podemos permitir que siga siendo un epicentro de sufrimiento y desesperanza bajo la mirada impávida de quienes los utilizaron en las elecciones y hoy los olvidan. Aquellos “nadie” que fueron protagonistas de sus discursos, hoy son protagonistas de su olvido.
Que sepan el presidente y el vicepresidente, que también es de esta región, que no les estamos pidiendo un favor. No confundir. Estamos exigiendo que actúen de acuerdo con los mandatos constitucionales. Cualquier cosa diferente, cualquier demora, es complicidad con el delito y debe acarrear consecuencias penales por sus omisiones. Es imperativo que se implementen medidas que no sólo pongan fin a la violencia, sino que también aborden las causas profundas del conflicto. Lo que era tan urgente en sus discursos ya no espera en la práctica.
La justicia debe ser accesible a todas las víctimas y los responsables de violaciones de derechos humanos deben ser llevados ante la justicia. No más condescendencia hacia los criminales mientras juzgamos radicalmente a nuestros militares. No más tergiversaciones de la historia. No más indiferencia.
La paz en Colombia no será completa mientras el Cauca siga siendo una herida abierta en el tejido social del país. Es necesario proteger a la población civil y que la paz no sea sólo un acuerdo en el papel, sino una realidad tangible para todos los colombianos. Los habitantes del Pacífico colombiano somos más que votantes, somos colombianos que merecemos la protección del Estado y la garantía de nuestros derechos. No más descaros impunes.
