Quizás sea sólo la punta de un gigantesco iceberg. Quizás no todos los casos de abuso de género son denunciados por las víctimas o adquieren la suficiente importancia como para transformarse en procedimientos sumarios y eventuales sanciones administrativas o condenas penales. De todas formas, resulta preocupante el conocimiento público de sólo algunos hechos, por la cantidad de operadores masculinos de la Justicia provincial que están siendo cuestionados en su actuación, fueron desestimados o terminaron con condenas penales.
En los últimos años ha habido una preocupante retahíla de funcionarios o jueces que terminaron siendo investigados por la Secretaría de Sumarios Administrativos de Justicia de Córdoba. Algunas de esas investigaciones internas terminaron en despido, destitución o renuncia, y algunas en condena en una cámara criminal.
Sin pretender ser exhaustivos, podemos mencionar los casos más resonantes. Hace unos días se abrió una investigación contra el camarista Félix Alejandro Martínez por presunto acoso sexual a una jueza -de Villa María- que durante años había sufrido las agresiones de su superior, quien le había hecho proposiciones inapropiadas. El sumario acaba de comenzar y resta que el magistrado ejerza su defensa material ante el órgano que analiza la conducta de sus integrantes.
El año pasado, el juez civil y comercial Francisco Martín Morales terminó despedido en un jurado luego de que un fiscal y tres tribunales superiores le pidieran juicio por presuntos malos tratos, amenazas y abuso sexual contra una expareja. Ahora, como ciudadano común, espera el debate oral y público de agosto para determinar posibles responsabilidades penales que puedan comprometer su libertad.
El ex asistente fiscal fue condenado recientemente Ernesto Martín Morales, quien sometió a abusos laborales y de género a las mujeres que trabajaban a sus órdenes en una unidad judicial vecinal. Primero fue expulsado de la Justicia y finalmente encontró su castigo en una cámara criminal. La sanción fue de prisión suspendida, pese a la gravedad de los hechos descritos.
Hace unos años, quien fuera secretario del Juzgado Penal de Menores de 6° Nominación de Córdoba, Mariano Hernán Cipolla SánchezFue detenido en la vía pública a pocos metros de su trabajo, mientras con su teléfono tomaba imágenes debajo de las faldas de las mujeres. Posteriormente, acabó sobreseído y con sentencia suspendida, en un juicio abreviado inicial.
Siempre en la jurisdicción provincial, un escándalo similar al anterior ocurrió hace poco más de un año en los Juzgados de Jesús María y Río Segundo, cuando se descubrió la instalación de videocámaras en baños de mujeres. El asesor jurídico intervino ante ambas oficinas, Ginés Martín Jódar, que acabó dimitiendo a los pocos días, cerrando la investigación administrativa. Mientras algunos pidieron profundizar la investigación penal, a finales de año se conoció que Jodar fue detenido porque al analizar su celular se encontró “material de abuso sexual infantil” (masi).
Hace unos días, el juez de Ejecución Penal de Córdoba Cristóbal Laje Ros recibió una sanción de 50 jus y una recomendación para mejorar su trato hacia las mujeres -especialmente sus empleados- y los hombres homosexuales. El magistrado continúa en funciones y de momento no se conocen sanciones importantes.
De todo esto, se desprende que desde la dirigencia del Poder Judicial provincial existe una fuerte determinación de destituir a funcionarios y jueces que incurran en conductas contrarias al respeto a las mujeres y otras identidades. La integrante del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti, además de tener acciones decisivas en género y contra la violencia machista, está precisamente a cargo de la Secretaría de Sumarios Administrativos.
Pero también puede haber críticas o, en todo caso, una advertencia respecto de lo que ocurre en los casos que se juzgan en una cámara del crimen: hasta ahora sólo se han visto sentencias suspendidas. Quizás haya que afinar la óptica respecto de la gravedad de algunas acusaciones que están a punto de ir a juicio. Nunca es saludable que nadie se aventure a pensar que los pobres son quienes llenan las cárceles y que los ex funcionarios judiciales reciben un trato preferencial.
