En un intenso allanamiento a diferentes órganos legislativos y ejecutivos, durante los últimos días los directivos de la Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna (Caprosemitp) propusieron cambios regulatorios para tener una mayor participación en la cadena de valor minera.
Pasaron por el Concejo Deliberante de San Antonio de los Cobres, la Secretaría de Minería de la Provincia y la Legislatura.
El eje del pedido de Caprosemitp está en la ley provincial de fomento minero (Nº8.164), vigente desde 2020. La ley establece un esquema de contratación de empresas mineras para mano de obra y servicios locales, en porcentajes que oscilan entre el 40 % y el 70 %, dependiendo sobre el escenario y el tamaño del proyecto. La prioridad, según esta ley, debe darse primero a los proveedores y trabajadores de las localidades adyacentes a las minas, como un primer anillo que luego se ampliará al resto de la provincia según sea necesario.
“Queremos que se amplíen los porcentajes de compras locales y esto beneficiará especialmente a la Puna”, dijo la presidenta de Caprosemitp, Gabriela Miranda, quien estuvo acompañada en las reuniones por el encargado de Relaciones Institucionales de la institución, Luis Vacazur.
Ante este reclamo, el senador Miguel Calabro, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Alta, no descartó cambios en las leyes que rigen el sector y propuso mayores controles a la Ley 8.164.
con el gobierno
El martes pasado, los dirigentes de Caprosemitp fueron recibidos por la secretaria de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini. Entre otros puntos, la funcionaria puso a disposición su organismo para orientar a las Pymes puneñas en la inscripción y trámites del Registro Provincial de Proveedores Mineros.
Este registro fue creado con la ley de fomento del sector y es clave para que las empresas mineras puedan contratar sin entrar en conflicto regulatorio, aunque en las últimas semanas el listado tuvo reparos por cierta laxitud en su elaboración. Según diferentes líderes empresariales, esto puede permitir que algunas empresas registradas o entidades legales actúen como “presanames” para empresas extranjeras.
Legislatura y Consejo
En la Comisión de Minería del Senado, representantes de las Pymes puneñas también pidieron avances en la normativa en materia de obras y medio ambiente. Pusieron como ejemplo la necesidad de construir un aeropuerto en Tolar Grande y otro en Olacapato, en lugar de las múltiples pistas que están ejecutando todas las mineras, y que se controlen los residuos de la actividad para evitar que se generen pasivos ambientales.
Una de las propuestas de los senadores fue crear un observatorio de la actividad, para que en el corto plazo funcione como un ente rector que ayude a generar políticas para el sector.
Mientras tanto, en el Concejo de San Antonio de los Cobres se habló de formar una comisión supervisora para fiscalizar el sector minero.
Un hito que lleva 9 años
La Cámara de Prestadores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna se formó en 2015, cuando un grupo de empresarios decidió ser protagonistas del cambio que ya se vislumbraba con la minería. Actualmente, la institución cuenta con más de 60 socios, de los cuales el 40% se encuentran prestando algún tipo de servicio como catering, hoteles, lavandería, baños químicos, logística, consultoría, comunicaciones y empresas constructoras. Asimismo, la Cámara realiza diversas capacitaciones, con la colaboración de empresas y los sindicatos Uocra y Aoma.
Como en años anteriores, para el próximo 28 de mayo Caprosemitp organiza una celebración por el Día Nacional del Proveedor Minero. Se realizará en el Centro de Convenciones de Limache y contará con la participación de Pymes de la Puna y la capital salteña. También fueron invitadas autoridades del gobierno provincial y de las cámaras legislativas. El año pasado la actividad contó con 50 expositores.
