Según la Procuraduría General de la República, hubo inconsistencias y falsedades en los apoyos presentados al Icbf, por parte del contratista, respecto de la atención brindada a familias vulnerables.
Noticias de Nariño.
Una investigación disciplinaria contra dos exdirectores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y otros diez exservidores y funcionarios de la entidad avanza por parte de la Fiscalía General de la República en Nariño
Las investigaciones estarían relacionadas con presuntas irregularidades en el registro y atención de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia entre 2021 y 2023, caso conocido como ‘el cartel de las familias falsas’.
Los investigados son los exdirectores regionales Luis Carlos España Patiño y María Mercedes Arellano.
Asimismo, están involucradas la entonces asesora de la Dirección General de la entidad y quien se desempeñaba como directora regional (e), Martha Isabel Tovar Turmequé, y la excoordinadora del Grupo Financiero, Luz Ángela Alvarado Yépez.
También se abrió investigación contra Óscar Abel Hurtado Narváez, coordinador del Grupo Jurídico, César Wilton Lloreda Alvear, Martha Lucía Pepinosa Bravo.
Además de Daira Vanesa Córdoba, Yudeimi Manco Valle, Myriam Consuelo Tovar Peña, Aura Leonila Benavides y Luz Elena Martínez Recalde.
Icbf en la mira de la Procuraduría General de la República
Al parecer hubo posibles irregularidades en la selección de la Unión Temporal Mi Familia para la ejecución del contrato, firmado por 8.399 millones de pesos para visitar periódicamente a 3.930 familias en 16 municipios.,
La iniciativa buscaba prevenir el abuso infantil, ya que aparentemente no estaba autorizada y no cumplía con los requisitos requeridos.
También se investigan aparentes faltas disciplinarias en la firma, ejecución y supervisión de contratos.
Señalan que al parecer existieron inconsistencias y falsedades en los apoyos presentados por la UT Mi Familia respecto a la atención brindada a las familias.
En cuanto a la supervisión de los trabajos, el Ministerio investiga si las supuestas falsedades registradas en los documentos que sustentaban las visitas habrían sido advertidas oportunamente..
Asimismo, se habría cometido una posible omisión en la adopción de medidas en caso de incumplimiento por parte del contratista y por no informar a las autoridades administrativas y judiciales las posibles inconsistencias o falsedades presentadas y evitar así el perjuicio al patrimonio del Estado.
En el auto de apertura de investigación, la Fiscalía envió copia a la Fiscalía para evaluar la procedencia o no de la acción penal.
