Esta semana el Senado aprobó la ley que establece la creación y establecimiento de parámetros de organización e integración de la Red de Información Digital en Salud de la Provincia de Salta.
Esta norma promueve la modernización tecnológica y digital de los procesos y procedimientos de salud, con el objetivo de establecer prácticas en seguridad de la información y la salud.
Con la creación de un observatorio provincial de servicios de salud pública, se recolectará y sistematizará información a través de la historia clínica digital para tener elementos esenciales a la hora de proponer estrategias de salud pública.
La Ley prevé la creación del Sistema Único de Historia Electrónica Digital de la Provincia de Salta, que en el marco del Sistema Federal de Salud de Salta (SaFeSa), deberá integrarse al Programa Único Federal de Informatización y Digitalización de la Historia Clínica de la Provincia. República Argentina. creado mediante la Ley Nacional 27.706.
La autoridad de aplicación tendrá los medios para centralizar la compatibilidad e integración de toda la información de salud contenida en los expedientes médicos digitales de las personas que reciben atención médica en establecimientos de salud públicos o privados de la Provincia, garantizando el pleno respeto a sus derechos.
Además, establecerá los requisitos para el acceso a la carga de información al sistema y su consulta, preservando la seguridad de los datos de los pacientes.
Solicitud obligatoria
El Sistema Único de Historia Médica Digital será obligatorio para el registro de todos los servicios de salud prestados en instituciones públicas o privadas.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que brinden algún tipo de atención médica deberán enviar al Centro de Salud de referencia o al organismo que determine la autoridad de aplicación, la historia clínica de las personas asistidas y demás documentos derivados de la atención médica.
El incumplimiento de las disposiciones referentes al sistema de Historia Médica Única Digital y sus normas reglamentarias conllevará sanciones para las instituciones y organizaciones privadas, que irán desde una amonestación hasta una multa de entre 500 y 5.000 unidades tributarias.
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