En los últimos días, el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Chubut ha sido escenario de un conflicto que ha llamado la atención de la opinión pública. Los presos han denunciado la falta de alimentos. y han expresado su reclamo a través de diferentes acciones, poniendo en el centro del debate la garantía de derechos básicos en el sistema penitenciario. A continuación, Javier Francisco, secretario penal de la Fiscalía General de la Defensa de Chubut, explicó los detalles de este conflicto y reflexionó sobre sus alcances y las responsabilidades del Estado.
Él reclamo de los prisioneros Se basa en recibir alimentos de calidad y en cantidad suficiente para garantizar su subsistencia digna durante el periodo de confinamiento. Si bien existen diversas opiniones sobre las penas penales y las condiciones carcelarias, es fundamental recordar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que se encuentran privadas de libertad.
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La Defensa Pública de Chubut, como organismo encargado de asistir jurídicamente a las personas privadas de libertad, monitorea la situación desde hace meses. Según explicó Francisco, los defensores públicos han intervenido en casos similares y han buscado soluciones a través de acciones judiciales. Recientemente, ante el reclamo, un defensor público junto al subsecretario de Justicia, Jorge Miquelarena, se acercaron al IPP con insumos para la inclusión de un nuevo huerto, como parte de un programa de gestión del Ministerio de Seguridad.
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A pesar de los esfuerzos realizados, la incertidumbre persiste. No se puede confirmar si hay una emergencia alimentaria en este momento. Es necesario garantizar que las comidas servidas satisfagan los requerimientos nutricionales de cada individuo, considerando sus necesidades particulares, como dietas especiales para personas celíacas o diabéticas.
El reclamo de los presos es un llamado de atención sobre las condiciones en las que viven. “Si bien no hay huelga de hambre en este momento”, aclaró el secretario, “es importante resaltar que las acciones de protesta individuales o colectivas son herramientas efectivas para visibilizar las preocupaciones y condiciones de las personas privadas de libertad.
Finalmente, destacó que el Estado, representado por el Poder Ejecutivo y las autoridades penitenciarias, esté atento a estos reclamos y tome medidas concretas para “garantizar que se cumplan los estándares mínimos alimentarios” y el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios de Chubut. . Además, se debe garantizar la transparencia y el seguimiento constante para evitar violaciones sistemáticas de los derechos básicos de las personas privadas de libertad.
