Con autorización judicial, la mañana de este viernes, el Gobierno Provincial derribó otros dos puestos de venta de droga en la ciudad de Rosario, en el marco de la Ley de Microtráfico.
En uno de los operativos, encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se desarrolló en la calle Anchorena al 1500 del barrio Tablada, donde se instaló el primer espacio de venta de droga que se pensaba derribar. Las tareas estuvieron vinculadas a una resolución judicial emitida esta semana, que autorizó la demolición de siete inmuebles en total relacionados con la banda investigada por los asesinatos de cuatro trabajadores en marzo pasado.
Acompañado en el lugar por los fiscales Patricio Saldutti, Franco Carbone y Adrián Spelta, el ministro Cococcioni informó que “se inició una ronda de inactivaciones coercitivas de puntos de venta de drogas. Serán un total de siete lugares, algunos contiguos y otros en algunos puntos cercanos, todos pertenecientes o vinculados a la actividad ilícita de un grupo de personas, vinculadas no sólo al narcotráfico, sino a algunos de los homicidios. de alta connotación social que tuvo lugar hace casi dos meses”.
Asimismo, Cococcioni afirmó que “se obtuvieron las órdenes judiciales de demolición e inactivación y con la supervisión de los fiscales que vinieron a cumplir la medida de manera presencial, y procederemos a la inactivación física mayoritariamente mediante demolición” y agregó que “los siete búnkeres se estar vinculado a la banda en la que participa o lidera el grupo el delincuente conocido como Chucky Monedita”.
Normativa inédita en la provincia
Por su parte, el fiscal Saldutti destacó que “este lugar en particular, en relación con los hechos que fueron ventilados en la audiencia de la semana pasada, era un lugar donde se reunían los diferentes integrantes del grupo que cometió varios de los hechos y en particular era donde se reunieron antes de ir a cometer el hecho del primer taxista asesinado, el pasado 5 de marzo” y destacó que “por todas las razones los autores materiales y el grupo de instigadores están detenidos y particularmente en este lugar se realizaron allanamientos donde se encontraban algunos de estos la gente aprendió”.
Finalmente, el fiscal Carbone aseguró que “los vecinos celebran este tipo de medidas, además del impacto real que tiene en el barrio para las personas que sufren la presencia del narcotráfico. La novedad es el derribo de la instalación por esta normativa sin precedentes en la provincia. Ahora estamos acompañados de estas normativas y del Poder Ejecutivo provincial que agiliza estos temas para poder solucionar de alguna manera la vida de la gente que aquí vive”.
