Las autoridades cubanas han eliminado el delito de sedición, entre otros que utilizan con fines políticos, para amenazar a quienes promueven o participan en protestas masivas en Cuba. que ponen en peligro al régimen y sus instituciones de control. Funcionarios del Ministerio del Interior y funcionarios del aparato de Justicia del Gobierno comparecieron este miércoles en el programa de propaganda hacemos cubaretransmitido por televisión, del que suelen hacerse eco otros medios oficiales para defender la imagen de la Policía y restringir el derecho a la libre expresión y manifestación.
El coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), acusó presuntos terroristas radicados en Estados Unidos de instar a atentados contra la autoridad. Según el oficial, el objetivo es que la Policía “tenga una respuesta excesiva, capitalice esa reacción para publicarla en redes sociales, y así intentar demostrar un Gobierno fallido y una falsa brutalidad policial”.
Morales intentó contrarrestar la denuncias frecuentes de abuso de poder y violencia llevada a cabo por la policía contra ciudadanos desarmados y los enrolaron en supuestos “planes de guerra no convencionales con los que el enemigo busca generar un pretexto que les permita seguir acusando a Cuba”.
Por su parte, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina Rodríguez, dijo que desde las redes sociales hay llamados a alterar el orden público, agredir a la Policía y deponer las instituciones públicas.
Para este último caso, amenazó con el uso de delito de sedición ya aplicado a manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J) y punible con hasta 30 años de privación de libertad, cadena perpetua y pena de muerte “si el delito se comete en situaciones excepcionales, catástrofes o afecte la seguridad del Estado”.
Por su parte, el coronel Morales Karell afirmó que Los cuerpos policiales cubanos cuentan con entrenamiento en defensa personal y técnicas de conducción que les permiten reducir a la persona sin necesidad de utilizar medios letales para el control.lo que contradice el accionar del uniformado que mató a un manifestante del 11J en La Güinera, La Habana.
De todas las protestas populares que sacudieron a Cuba entre el 11 y 13 de julio de 2021, una de las que recibió la represión más violenta fue la ocurrida en la tarde del 12 de julio en La Güinera, donde Diuvis Laurencio Tejeda, de 36 años, Murió casi instantáneamente a causa de una bala que atravesó su pulmón y llegó al corazón.
En estos hechos, además de Yoel Misael Fuentes García, menor de 16 años que fue baleado y documentado por DIARIO DE CUBA, dos personas más resultaron heridas por balazos policiales.
El coronel que intervino hacemos cuba Dijo que, desde su paso por las academias, los policías de la Isla aprenden como principio que “hay que tener racionalidad al actuar con el individuo”.
Sin embargo, el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, el policía que disparó contra Laurencio Tejeda y otras tres personas, quienes abandonaron toda racionalidad en su actuar, no fue imputado porque la Fiscalía consideró que actuó “en legítima defensa”.
El 15 de julio, A cuatro días del estallido de las protestas más significativas ocurridas en Cuba desde 1959el portavoz del régimen Humberto López, anunció en el mismo programa hacemos cubaeso Los detenidos en las manifestaciones podrían ser imputados por los delitos de desorden público, instigación a delinquirrobo con fuerza, resistencia, ataque, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias. Dias despues La Fiscalía General del régimen se sacó de la manga el delito de “sedición”.
Al menos 158 personas fueron imputadas por este delito, de las cuales 14 fueron menores quienes al momento de la detención tenían entre 16 y 17 años. Otros 37 tenían entre 18 y 20 años.
Ante la polémica generada por la acusación de un delito político como la sedición, que ha acarreado penas de hasta 30 años de prisión, y las denuncias de su insostenibilidad, la Fiscalía se lo retiró a 11 de los menores acusados y a 14 de jóvenes personas entre 18 y 20 años.
