Rectores de diez universidades hacen un llamado urgente al gobierno para resolver la crisis sanitaria

La crisis financiera del sistema de salud no puede esperar. Actualmente, más de 26 millones de usuarios están afiliados a EPS intervenidas por distintos motivos, como Nueva EPS o Sanitas, mientras que otras empresas como Compensar EPS han solicitado su liquidación y diferentes sectores, como clínicas y hospitales, han llamado a resolver problemas de deuda. . . En medio de toda esta discusión, esta semana se conoció el borrador de lo que sería el nuevo proyecto de reforma sanitaria que presentaría el Gobierno y que en términos generales mantiene las bases de la iniciativa anterior y que, según los expertos, no soluciona los problemas. fondo que recorre el sistema actual.

Según los rectores, mientras se llevaba adelante en el Congreso el proceso de la anterior reforma sanitaria, con poco consenso y profunda preocupación por parte de promotores, proveedores, médicos y pacientes, el problema financiero se iba acentuando. “La unidad de pago capitativo (UPC) -el valor por afiliado reconocido por la EPS para cubrir el plan de beneficios- ha presentado insuficiencias sustanciales y persistentes en su ajuste anual, especialmente considerando la profundización observada en las enfermedades crónicas ocurridas con la pandemia (producto, entre otras cosas, del confinamiento que limitó las visitas preventivas). Esto, sumado al mal cálculo y reconocimiento de los presupuestos máximos -para la prestación de servicios y uso de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC- llevó a que, recién en 2023, y considerando el grupo de las 18 mayores EPS, Los recursos que alimentan el sistema se habrían quedado cortos en cerca de $7 mil millones, respecto del nivel necesario para cubrir los gastos de salud y los márgenes operativos y financieros considerados en la Ley 1438 de 2011”, añaden los académicos.

Esta situación, según los académicos, ha terminado generando la intervención de varias EPS “que históricamente habían tenido un buen desempeño en términos financieros y de servicios, obviamente con importantes oportunidades de mejora”. Según los rectores, “las intervenciones gubernamentales en las empresas del sector sanitario con dificultades deben planificarse adecuadamente, idealmente estructurando primero planes de mejora o una vigilancia especial. La prioridad del gobierno y de todos los actores del sistema de salud debe ser el bienestar de los pacientes y la prestación oportuna de servicios de salud para los colombianos. Esto es más apremiante si tomamos en cuenta que estudios recientes de universidades colombianas muestran que estas intervenciones tienen el potencial de generar problemas de capacidad en hospitales y otras IPS –algunas de las cuales ya comenzaron a enfrentar serias dificultades luego de las intervenciones-, retrasos en la atención contratos, y, en general, congestionan el sistema, por lo que existe la posibilidad de incrementar la mortalidad de sus afiliados”.

EDWIN CAICEDO | EDITOR DE SALUD
@CAICEDOUCROS | @SALUD