Desde hace varios días iniciaron una campaña para solicitar firmas, en el marco de una petición fundamental en la causa de Francisco Márquez. Se trata del joven de 22 años que perdió la vida el 8 de abril de 2023, cuando su motocicleta fue impactada por un Fiat Uno conducido por Gonzalo Nicolás Castro, de 24 años. Esa tragedia ocurrió en la Ruta 60, en el ingreso a Pinar, una escena en la que, para la denuncia, se realizó una inmersión ilegal con el imputado como protagonista.
En ese contexto, a más de un año después, se llevaron a cabo varias audiencias en las que se vivieron momentos inéditos, como el rechazo del juicio abreviado en dos ocasiones, por parte de la jueza Celia Maldonado. Sin embargo, el 15 de abril, en el marco de una audiencia de recusación, decidieron destituir al juez, aunque la decisión abreviada no fue sustentada.
Ante este panorama, se inició el movimiento de la familia y la denuncia, con el apoyo de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza de San Juan, que preside Guillermo Chirino. En ese marco, resaltan el amplio impacto nacional e hicieron la solicitud por dos razones fundamentales. Uno de ellos es el pedido de modificar la carátula del caso al delito de “Picaduras Ilegales”, lo que sentaría un precedente en el país y el otro se trata de la oposición que hizo la denuncia a la aprobación de un juicio abreviado”, dando fundamentos plenos, que analizados con nuestros asesores legales, establecen un punto de partida fundamental para la protección de los derechos de las víctimas en todo el país”.
Por ello, hicieron el pedido formal al fiscal de Delitos Especiales de la UFI, Francisco Pizarro, para que no proponga un juicio abreviado que favorezca a los imputados. “Tenemos la gran posibilidad jurídica y social de generar un gran precedente que será de utilidad para el conjunto de la sociedad argentina”, afirman.
A modo de manifestación, en la misma petición expresaron que “hay cientos de víctimas, que son nuestros Hijos, Hermanos y Amigos que han sido silenciados en su Voz, pero no podemos permitir que ellos también sean silenciados en sus gritos de Justicia en los procesos penales que se estén materializando. Sabemos que son juicios, donde se respetan todos los derechos en su máxima expresión, y eso es lo que pretendemos, que se nos permita ejercer ese derecho y tener la posibilidad de concluir en la verdad real de lo sucedido. “Un método de atajo sólo se convertirá en un negocio procesal que nos perjudica y nos sitúa en un segundo plano como nos dice la historia, que, en su conjunto, estamos modificando para mejor”.
Con todo ello, aunque no influye en el proceso judicial, esperan que la Fiscalía lo tenga en cuenta. El abogado querellante, Néstor Olivera, dijo a Zonda Diario que esta solicitud “es muy importante” a nivel profesional. “Está sentando un gran precedente y puede influir en el tratamiento de todo”, afirmó. En ese aspecto, también piensa que podría tener impacto en varios casos, incluido el de Lucía Rubiño Montilla.
¿Quién firmó?
Recogieron 203 firmas, entre familiares de víctimas de accidentes viales en todo el país, así como de diferentes asociaciones que agrupan a familiares de fallecidos, en todo el país.
Algunas que se destacan son la Asociación MAPALVI Tigre (Bs. As); Grupo JEN de El Bolsón, Río Negro; la Asociación Civil Madres del Dolor de la Ciudad de Buenos Aires; Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia y la Trata de Mar del Plata; Asociación PAVICEI, de Salta; Asociación Civil por la Verdad y la Justicia de Gualeguaychú, Entre Ríos; Fundación Estrellas Amarillas de La Pampa; Foro de Asociación Civil de Familiares de Víctimas de Accidentes Viales de la Provincia de Córdoba; entre otros de diferentes jurisdicciones.
